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La portavoz popular Elena Muñoz ha señalado ayer que, tal y como se refleja en su comparecencia ante la Comisión de Investigación, el alcalde de Vigo Abel Caballero, ocultó a los grupos municipales hasta 6 documentos del expediente de O Marisquiño que no figuraban en la documentación recibida inicialmente. Una forma de proceder por la que, como recuerda, el PP tiene interpuesta una querella por ocultación de información y vulneración de derechos fundamentales, que está siendo tramitada por los tribunales y por la que el regidor puede ser inhabilitado hasta 4 años para el ejercicio de cargo público.

En este sentido, Elena Muñoz ha avanzado que incorporarán la declaración del alcalde «enseñando públicamente todos estos documentos» a dicha querella, por la que, como recuerda, el propio secretario municipal está llamado a testificar el próximo día 26.

Entre los documentos enseñados pero no entregados, ni a la Comisión ni a los grupos municipales, la líder de los populares enumeró la petición, por parte de la organización del festival, de la reunión de coordinación de seguridad; una descripción de todas las actividades del certamen; una declaración jurada sobre los escenarios, la carpa de sonido y bares; una declaración responsable sobre el montaje de pistas; un certificado del Colegio de Aparejadores garantizando la inspección y el examen de las estructuras; y una póliza de seguros.

«En su objetivo de echar balones fuera y culpar a otros, el alcalde reconoció públicamente que nos ha estado ocultando información y que nos dio un expediente incompleto», ha continuado Elena Muñoz, quien recuerda que su grupo solicitó hasta en 3 ocasiones el «expediente completo» de O Marisquiño, el 13 y el 23 de agosto de 2018, y el 1 de febrero de este mismo año tras escuchar las comparecencias de algunos técnicos municipales que aludían a un «seguro de responsabilidad civil y otros documentos de los que nunca hemos tenido constancia».

En este marco, la popular ha recordado que la Constitución garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la información, y que el Código Penal, en su artículo 542, establece que incurrirá en pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público de 1 a 4 años la autoridad o funcionario que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de sus derechos cívicos reconocido por las leyes.

Elena Muñoz ha resaltado que, «por mucho que los desprecie», los grupos de la oposición «son tan representantes de los vecinos como él y tienen derecho a acceder a toda la información. Se están vulnerando nuestros derechos fundamentales. El acalde está sometido al control de los grupos municipales, y tiene la obligación de acatar las leyes. Vamos a seguir insistiendo y exigiendo esa documentación, por respeto a las víctimas y por salud democrática», ha reiterado.

A regañadientes

En este sentido, la portavoz popular ha destacado que «las víctimas son lo primero y lo único importante», lamentando que el alcalde acudiese a «regañadientes y no voluntariamente» a una Comisión que debería estar celebrándose en el ayuntamiento de Vigo, «donde la vetó».

«Fue al Parlamento enfadado y amenazante, y además mintió faltando al respeto a las víctimas y a sus familias», ha detallado la popular, indicando que fueron las propias víctimas las que ayer afirmaron que las declaraciones hechas por el alcalde sobre la oficina del Ayuntamiento eran falsas: «Primero hay que ser persona y lo más importante son las víctimas, que se sienten abandonadas por el alcalde».