Cangas: ¿El gobierno del BNG sigue repartiendo contratos «a dedo» bajo la sombra del amiguismo?

Nueva polémica en el Concello de Cangas. El gobierno liderado por la nacionalista Araceli Gestido vuelve a estar en el punto de mira, esta vez por la contratación directa de una empresa con vínculos personales con una concejala del propio ejecutivo. El PP ha denunciado lo que califica como una nueva muestra de opacidad, abuso de poder y desprecio por la legalidad.

Xiana Abal Augusto, concejala Facenda Cangas

La empresa contratada, encargada del servicio de logopedia del Aula de Atención Temperá, está estrechamente relacionada con la concejala de Hacienda, Xiana Abal, quien trabajó en ella antes de asumir su cargo público. El contrato, tramitado como menor —es decir, sin concurso público ni competencia real—, podría constituir un claro conflicto de intereses y una vulneración de los principios básicos de la contratación pública.

Desde el PP advierten que no es un caso aislado. Según denuncian, el gobierno local se ha instalado en el uso sistemático de contratos menores para eludir controles y beneficiar a empresas afines, en algunos casos incluso fraccionando contratos de forma ilegal. Una práctica ya advertida por el propio interventor municipal y el Consello de Contas.

Pero el escándalo va más allá: había una lista de candidatos válidos tras un proceso de estabilización para ocupar la plaza de logopeda. Aun así, se optó por acudir a una empresa externa, sin justificar debidamente la decisión ni consultar otras ofertas, como exigen las buenas prácticas administrativas. Todo un desprecio a los principios de mérito, capacidad y libre concurrencia.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de sombras que pesan sobre el gobierno cangués. La alcaldesa Araceli Gestido y parte de su equipo ya están siendo investigados por la fiscalía por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Además, el concejal de Deportes, Eugenio González, enfrenta investigaciones por tráfico de influencias y usurpación de estado civil.

«Es un gobierno bajo sospecha», sentencian desde la oposición. Y no parece que vayan a equivocarse. La falta de transparencia, el desprecio por los procedimientos y la continua negativa a responder a las preguntas de la oposición están convirtiendo al Concello de Cangas en un caso de estudio de cómo no debe funcionar una administración democrática.