Caso Alvia, cuando la Justicia se queda en mitad del camino

Este diario recogía ayer con el despliegue que la noticia se merece la información facilitada por la plataforma Víctimas Alvia 04155, surgida tras el accidente ferroviario del 24 de julio de 2013 de tan infausta memoria en Compostela, por la que se daba cuenta de una auditoría realizada por la Comisión Europea que confirma importantes deficiencias en el cumplimiento de la normativa comunitaria de seguridad ferroviaria. Informe que, dice el colectivo y entiende cualquier persona medianamente sensata, es un duro golpe para las instituciones españolas encargadas de garantizar la seguridad en las líneas de tren.

Pormenorizando sus conclusiones, cuestiona la Comisión la correcta aplicación de las evaluaciones de riesgo, una obligación recogida en la Directiva 2004/49. Las víctimas subrayan la relevancia de tal aserto como «pieza elemental» para la condena del exdirector de seguridad del Adif, al no realizar los análisis de riesgos pertinentes ni aplicar medidas de control.

Esta negligencia in vigilando se produjo tanto cuando se emitió el Certificado de Seguridad para la línea de alta velocidad 082 tras una modificación que redujo las medidas de seguridad, y al autorizar la desconexión del sistema de seguridad para evitar retrasos en los servicios.

Si la autorización de la desconexión supone en sí misma un evidente riesgo que atenta contra la razón al prioridad rapidez sobre seguridad y que no debía quedar impune, acaso esos gravosos retrasos traigan causa de la primera de las negligencias en una modificación más de carácter político que de seguridad y que conocen bien cuantos, durante la realización del proyecto, vieron cómo las conveniencias electorales aconsejaron tirar por la calle del medio a la hora de hacer el menor daño posible en expropiaciones a particulares. Las hemerotecas de los diarios de la época están llenas de páginas explicando lo sucedido, del mismo modo que no se habla de quienes tomaron aquella tan política decisión.

En todo caso, la auditoria conocida ahora, de confirmarse en los extremos que denuncia la plataforma, debiera retrotraer todo lo actuado en vía judicial a una seria reconsideración.

Pero, lejos de ello, y por ese supuesto limbo en el que dormitan responsabilidades pasadas a la hora de la realización de los proyectos contra lo que dictan las normas de seguridad o la imprevisión de mantener la adecuada vigilancia sobre los elementos de riesgo -como de forma tan bien ejemplificada nos muestra lo ocurrido con la DANA valenciana-, política y Justicia suelen encaminarse también por el camino del medio que supone no sobrepasar los límites de la actualidad y las responsabilidades directas. Y eso, insistimos, en que éstas acaso no se hubieran producido nunca si aquellas otras, previas, se hubieran realizado conforme a razón.

Ahora, además, se anuncia la decisión de fiscalía de cargar toda la responsabilidad en el maquinista, haciendo evidente abstracción de lo que dice la auditoria Comunitaria no sólo en este caso sino en tantos otros susceptibles de correr la misma suerte por cuanto las deficiencias que aquí se apuntan se reproducen en otros servicios.

Lo que, en puridad y con lógica indignación, lleva a los familiares de las víctimas a la mayor de las frustraciones al ver cómo nadie quiere asumir culpas -también como en la DANA- de una irresponsabilidad colectiva con muchos padres.

Pena que el suceso del Alvia quede en ese mismo limbo de una Justicia hecha a medias.