De los hoteles-policía ¿al certificado de penales?

Xoán del Río / El envés de la noticia

El pasado día 22 de octubre y en esta misma Sección de EL ENVÉS DE LA NOTICIA se reflexionaba sobre la pretensión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,  aplazada hasta en tres ocasiones, de institucionalizar un a modo de Gran Hermano Turístico (https://diariodevigo.com/nueva-invasion-de-la-intimidad-el-gran-hermano-turistico//, ) justo el día en que la propuesta iba a ser debatida en Cortes.

La reflexión que se apuntaba lo era más de denuncia de un propósito que de confirmación de una realidad. Y ello en razón de que el propio ministro ante las protestas surgidas -más del sector que de la oposición de los populares- había exteriorizado su voluntad de descafeinar debidamente la propuesta hasta extremos, suponíamos, de salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la protección de sus datos personales y, más aún, al consagrado derecho a la intimidad.

Ocurrió que aquel infausto día, de entre los muchos que en las Cortes el sentido común salta por la ventana, el Gobierno Frankenstein debidamente arropado por las formaciones muñidoras del Ejecutivo, avalaron con sus votos ese conocido ya en el extranjero como “ley del espionaje turístico” (Daily Mail y Daily Express) y que comenzó a implantarse este mismo lunes como una evidencia más del nulo respeto que  las propias Cortes tienen por derechos tan absolutamente capitales en la convivencia diaria como son los citados de protección de datos y de la intimidad. Todo, bajo el justificativo paraguas de una necesaria lucha contra el crimen organizado, digna sin duda de un más eficiente compromiso por parte de quienes consiente que Galicia y el Estrecho sean los permanentes abrevaderos de droga de toda Europa y ni siquiera van al entierro de los agentes fallecidos en la lucha contra el narcotráfico o mantienen en la costa levantina la habitual residencia del mayor número de delincuentes internacionales por metro cuadrado en el mundo.

Como las decisiones gubernamentales se fundamentan antes en la improvisación propia de toda ocurrencia que en la conveniente negociación con los afectados, ni siquiera fueron capaces de prever las posibilidades de fracaso de la medida en supuestos como la negativa de los huéspedes de los hoteles a ofrecer sus datos o a darlos de manera torticera -veracidad que, en una nueva muestra de pérdida de todo juicio, el Gobierno carga en la responsabilidad de los establecimientos-, por no hablar del evidente efecto detractor que la media ocasiona para muchos viajeros como ya se está viendo en las críticas de la prensa alemana o inglesa al desaconsejar la visita a España, de la saturación de las filas de nuevos clientes a la hora de realizar el oportuno ingreso de masivas llegadas y, en fin, hasta del caos informático generado en el propio Ministerio por un mal implementado servicio de recogida de datos. ¿Es posible hacerlo peor?

Lo que realmente sorprende de esta nueva imposición que se cisca en los derechos de la ciudadanía es el grado de sumisa aceptación por parte de un colectivo empresarial, el turístico, que debiera tener arrestos suficientes como para poner pie en pared antes de la implantación de la medida, más allá de esas enternecedoras lágrimas de monja circunscritas exclusivamente a lo que les afecta en su economía. ¿La defensa de los derechos de sus clientes les importa algo? ¿Habrá que esperar a que pongan el grito en el cielo cuando empiecen a llegarles las primeras multas de 30.000 euros por no haber comprobado la veracidad de algún dato?

EN todo caso, un pasotismo similar al evidenciado por una oposición, el Partido Popular, que sigue sin enterarse en qué Liga política está jugando los desastrosos partidos que escenifica un día sí y otro también -como les indican las sucesivas encuestas- y que en el caso que nos ocupa admitía en parte, a través de una enmienda como se apuntaba el pasado día 22, la fiscalización de clientes únicamente para grupos de viajeros. Lo que no deja de ser una tomadura de pelo más el pensar que los supuestos grandes delincuentes internacionales acostumbran a viajar en grupos. ¡Qué derroche de inteligencia, Dios!

Lo realmente lamentable de la medida es que ni siquiera en un voluntarioso acto de autodefensa hay garantías de que la vía judicial pueda dar sus efectivos resultados frente a la invasión de la intimidad de los ciudadanos, ya que siempre habrá un Conde-Pumpido dispuesto a embarrar su capa en el lodo del camino, como reconocía que era preciso a veces.

Y la solución europea, a la vista de lo visto con la nueva Comisión, se antoja pura entelequia.

Así que, ajo y agua y, en el próximo paso, que nos pidan el certificado de penales.

Porque siempre habrá, como le acaba de ocurrir a la Agencia Tributaria, desalmados dispuestos a hackear tan interesante base de datos. ¡Pongámoselo fácil!