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El alcalde de Vigo enviará mañana una carta al Ministerio de Cultura en la que propondrá el inicio inmediato de la construcción de la biblioteca del Estado en los terrenos que el Ayuntamiento tuvo que expropiar para que la Xunta pudiese construir la Ciudad de la Justicia, antes de que decidiesen trasladarla al antiguo Hospital General.

Tal y como explicó el regidor, el gobierno local cedería gratuitamente ese espacio continuo -entre el Camino Chouzo y la calle Lalín- que está valorado en 5 millones de euros, tiene una extensión de más de 6.000 m2 en planta y acceso por dos vías públicas.

La propuesta municipal supondría la construcción de un edificio singular, de alto valor arquitectónico, tal y como requiere la puesta en marcha de estas dotaciones culturales. Además, prevé la sintaura de un convenio de forma inmediata por el que el Ayuntamiento acercaría los terrenos y el Gobierno central tendría que incluir una partida de medio millón de euros en los presupuestos generales que está a punto de aprobar.

De esta forma, el proyecto quedaría blindado y protegido de futuros cambios en los gobiernos centrales o autonómicos. Una vez elaborado el anteproyecto, la Ley Vigo permitiría cambiar el uso del suelo por lo que en un año podría estar la obra en marcha y, en dos, la Biblioteca funcionando.

Después de calificar de «chapuza» la propuesta de la Xunta de instalar la biblioteca del Estado en uno de los edificios que en estos momentos albergan los juzgados, Caballero explicó que la propuesta municipal permitiría, además, dedicar esos edificios a fines culturales y educativos, tal y como el Ayuntamiento viene insistiendo en los últimos tiempos.

De hecho, el alcalde ya se refirió en varias ocasiones a la creación de un campus cultural en el centro que iría desde la Biblioteca hasta el Auditorio Mar de Vigo -donde está la UNED, pasando por las escuelas de Ingeniería Industrial y Empresariales.

Con la propuesta municipal, insistió el regidor, «vamos a obligalos» a sacar adelante el proyecto. En su opinión, el anuncio que viene de hacer la Xunta de Galicia «no es más que pura propaganda política» que habla del estudio de una posibilidad por la que, en todo caso, habría que esperar 4 años para su inicio.