El injusto Concierto Económico vasco al que se quieren sumar los catalanes

Vascos y navarros tienen un sistema de financiación distinto al del resto de Comunidades Autónomas de España. El “Concierto Económico vasco” y el “Convenio navarro” hacen que ambas regiones aporten al resto del Estado menos de lo que sería equitativo y proporcional. Como consecuencia de ello la disponibilidad de recursos en manos de esos Gobiernos regionales vasco y navarro supera sobradamente el promedio nacional; y por el contrario las demás CCAA tienen que aportar más, y disponen de menos recursos económicos para sus ciudadanos de lo que sería justo. Para colmo los catalanes están exigiendo a Pedro Sánchez que les conceda un sistema similar, argumentando que si los vascos los tienen ¿por que ellos no?, añadiendo a su argumento que si no se les conceden lo que piden dejaran de apoyar con sus votos al Gobierno de Madrid.

En el siglo XVI vizcaínos, guipuzcoanos y navarros, apelando a sus Fueros, consiguieron que el Reino de España les concediera ciertos privilegios legales, especialmente económicos. Durante los siglos siguientes muchos intelectuales y legisladores españoles trataron de acabar con esos privilegios. Las Cortes de Cádiz de 1812 los abolieron pero el Rey Felón Fernando VII los restauró. Y en 1876, al terminar la tercera Guerra Carlista con la victoria del ejército de Alfonso XII, las Cortes españolas decretaron otra vez la abolición de los Fueros.

A partir de entonces, y como venganza por perder sus ventajas, las Diputaciones vascas se dedicaron a boicotear a la Hacienda Real, impidiendo el cobro de impuestos…, y como solución el Presidente Cánovas del Castillo acordó con esas instituciones forales, en 1878, el llamado “Concierto Económico”, cediendo a esas Diputaciones el calculo de la recaudación y su ejecución en esos territorios. Los Vascongados aprovecharon esa excepción para obtener ventajas económicas. Unos años más tarde el citado Presidente se hartó y decidió poner fin a esa injusticia. Pero en 1897 Cánovas del Castillo fue asesinado con un disparo en la nuca en Mondragón (Guipúzcoa)… y el Lobby foralista vascongado de Madrid consiguió que el Concierto Económico siguiera adelante, manteniéndose en el tiempo con pequeñas variaciones.

Los políticos de la II República (1931) consideraron que no era justo mantener esa desigualdad en una España moderna y progresista, y se negaron a aceptar la petición del gobierno regional vasco que quería restaurar los Fueros Vascos. Al acabar la Guerra el dictador Franco concedió a las provincias de Álava y de Navarra sus antiguos privilegios económicos como premio por haber apoyado el alzamiento nacional.

Durante la Transición, y debido -según muchos analistas- a las presiones de los terroristas de ETA, se recogieron en la Constitución de 1978 nuevos privilegios forales, fundamentados en los llamados «derechos históricos» (totalmente etéreos y subjetivos y basados en una historia nacionalista plagada de mentiras), unas ventajas que se han consolidado con el nombre de “Concierto Económico vasco” y “Convenio navarro”.

El Concierto se traduce en la fijación, bajo reglas pactadas políticamente entre los sucesivos Gobiernos del Estado y los de la Comunidad Autónoma, de “un cupo” monetario con el que los territorios forales contribuyen a los gastos del Estado. Pero ese cupo en la práctica no se establece mediante criterios económicos o de equidad, y siempre beneficia al País Vasco y a Navarra, porque se produce una sistemática subvaloración del coste de las competencias estatales no asumidas por esas Comunidades, y por ello tanto navarros como vascos pagan muy por debajo de lo que les corresponde por el monto que se gasta el Estado central.

El Concierto y el Cupo se ha convertido en un sistema de privilegio (sobre el resto de habitantes de España) que pone en manos de esas dos CCAA cuantiosos recursos que pueden considerarse como una transferencia hacia el País Vasco desde el resto de España. Se entra así en abierta contradicción con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.

Algún iluso ha propuesto la generalización de ese sistema a las demás regiones: pero eso es absurdo. Si todas las comunidades autónomas adoptasen el sistema de cupo y su cálculo se efectuara a la manera vasca y navarra, la hacienda central quebraría al no poder hacer frente a sus necesidades de gasto. Sería imposible y ridículo que todas las CCAA estuvieran por encima de la media en el balance de recepción de medios del Estado en relación con la aportaciones que se realizan (como ocurre ahora con Euskadi y Navarra). La razón nos dice que en un Estado Nacional las regiones o Comunidades más pobres tienen que recibir más de lo que aportan; sin embargo el País Vasco y Navarra son de las Comunidades más ricas que España, y son de las que menos aportan. Y Cataluña pretende subirse a ese carro de oro.

El diseño general actualizado de las reglas del Concierto Económico fue definido en la Ley 12/1981, aunque su especificación para cada uno de los períodos quinquenales a los que se refieren las diferentes leyes del Cupo se ha ido negociando separadamente, con resultados siempre favorables para el Gobierno Vasco. Tal negociación ha respondido a un esquema: los Gobiernos Nacionales de turno (PSOE y PP alternado en el poder) han buscado el apoyo en los políticos vascos a cambio del mantenimiento permanente de una situación financiera ventajosa respecto a todas las demás regiones españolas.

Como explicaba el vizcaíno Catedrático de Economía Mikel Buesa en su artículo «El pufo vasco», como resultado de ese chantaje permanente, el Cupo Vasco se ha convertido en una estafa o engaño al conjunto de los ciudadanos españoles, que han contemplado, confusos, cómo los legisladores han sido capaces de plasmar -nunca con claridad ni transparencia- en los textos aprobados por las Cortes Generales conceptos y acuerdos de imposible justificación desde el punto de vista racional y económico.

El pufo vasco alcanza cifras desorbitadas, que los políticos nacionalistas quieren ocultar, pero que Mikel Buesa calculó para el año 2007 en 2.060 millones de euros, que es la diferencia entre lo que la Comunidad Autónoma de Euskadi tendría que pagar al Estado y lo que realmente paga. Eso supone que el Gobierno vasco dispone de una financiación extra de 964 euros por cada habitante de su CA, dinero que es aportado por el resto de españoles de las demás CCAA, que dejan de disponer del mismo. Así las Administraciones vascas disponen de muchos más euros por cada habitante que el resto de comunidades autónomas españolas, lo que les concede una notable holgura financiera para dedicar recursos a las políticas nacionalistas o para ocultar las ineficiencias en que incurren, con creciente intensidad, los servicios públicos dependientes del gobierno vasco.

Ha llegado la hora de exigir a los Partidos Políticos que lleven en sus programas la eliminación de esos injustos privilegios que tienen vascos y navarros, y evitar que se amplíe ese privilegio a los catalanes. Ningún partido que se oponga a la realización de esa reforma merece el voto de ningún español que quiera vivir en una Nación donde impere la justicia. Si hay que reformar la Constitución, habrá que hacerlo, para enmendar el error que se cometió por la presión de la ETA, cuando según dijo un dirigente nacionalista vasco ETA agitaba el arbol y el PNV recogía las nueces. Y de paso también habrá que reformar la Ley Electoral, para que las minorías nacionalistas vasca o catalana no puedan seguir chantajeando a los gobiernos centrales obteniendo a cambio tremendos beneficios, muy injustos y perjudiciales para el resto de España.

Pedro M. Larrauri. Médico Traumatólogo. Vigo.