
1 noviembre, 2025
El jurado popular ha declarado este viernes culpable de asesinato a José Luis M., acusado de matar a Francisco Javier en el barrio vigués de Coia el pasado 6 de abril de 2024. La decisión, adoptada por unanimidad, incluye además la imputación por tenencia ilícita de armas, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras la lectura del veredicto.
El tribunal considera probado que el acusado disparó con una escopeta en plena calle a la víctima, tras meses de tensiones y amenazas mutuas entre ambos, que quedaron registradas en mensajes y audios de WhatsApp. En esos intercambios se enviaban fotografías de armas y puñales, además de provocaciones y advertencias de futuros enfrentamientos.
Durante el juicio, celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, los agentes de la Policía Científica detallaron las principales pruebas forenses.
El arma homicida —una escopeta en buen estado, con el número de serie borrado— presentaba residuos de disparo recientes, y los peritos hallaron partículas compatibles en la mano del acusado, así como sus huellas en el gatillo.
Los investigadores también constataron que la víctima se había presentado en el domicilio del acusado armado con un machete y una barra de hierro. En el mango del cuchillo se halló ADN de Francisco Javier, pero ningún rastro genético del acusado. Además, se encontró sangre de la víctima en el interior del marco de la puerta de la vivienda.
Sin embargo, la barra de hierro no llegó a ser analizada, ya que no se emitió la orden correspondiente.
El juicio permitió reconstruir una relación marcada por los conflictos y las amenazas cruzadas. Según testigos y pruebas periciales, Francisco Javier había apedreado la vivienda del acusado en anteriores ocasiones, provocando daños en la cocina.
Los audios incorporados al procedimiento reflejan un ambiente de tensión creciente. En uno de ellos, la víctima le advertía al acusado:
“Ahora cuando vaya yo ahí ya me lo explicas, a ver qué valiente eres”.
Aquella amenaza fue uno de los indicios que los investigadores relacionaron con la escalada de hostilidades que culminó con el disparo mortal en abril.
Tras el veredicto, el tribunal celebrará próximamente la vista para la determinación de la pena, que podría oscilar entre 15 y 25 años de prisión por el delito de asesinato, además de la sanción correspondiente por tenencia ilícita de armas.
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