17 noviembre, 2024
El juicio por el crimen de Samuel Luiz llega a una fase decisiva este lunes, cuando el jurado popular comenzará a deliberar sobre la autoría y responsabilidades de los cinco acusados. La Fiscalía y las partes enfrentan un complejo panorama, sustentado en tres pilares fundamentales: el vídeo que documenta la agresión, los testimonios de los senegaleses que intentaron proteger a la víctima y la investigación policial.
El asesinato del joven Samuel Luiz, ocurrido el 3 de julio de 2021 frente a la playa de Riazor, A Coruña, está parcialmente registrado en un vídeo que muestra la brutalidad de la agresión. Según la investigación, Diego Montaña y Alejandro Freire «Yumba» iniciaron el ataque. A ellos se unieron más tarde Kaio Amaral Silva, Alejandro Míguez y Catherine «Katy» Silva, quienes, según la acusación, obstaculizaron la defensa de la víctima y propiciaron la continuidad de los golpes.
El grupo persiguió a Samuel por diversas ubicaciones mientras los dos senegaleses, Ibrahima Diack y Magatte N’Diaye, intentaban protegerlo de la turba violenta. Los agresores siguieron atacando sin tregua, según relatan ambos testigos, en un acto descrito por la Fiscalía como de «ensañamiento y alevosía».
En este sentido, los testimonios de Lina, amiga de Samuel, junto con los de Ibrahima y Magatte, han sido esenciales para la acusación. Lina asegura que fue apartada de la escena por «Katy» Silva, quien supuestamente buscó impedir que ayudara a su amigo. Por su parte, los senegaleses describieron cómo intentaron, sin éxito, frenar los ataques mientras eran rodeados y golpeados.
La Policía Nacional identificó a los acusados como participantes activos en la agresión y fundamenta su teoría en las imágenes del vídeo y en los testimonios recopilados. Sin embargo, las defensas han intentado desacreditar las pruebas, planteando versiones contradictorias y minimizando su implicación en el ataque. Algunos acusados han admitido agresiones menores o robos, mientras otros niegan cualquier participación directa.
Por otro lado, la Fiscalía solicita penas de entre 22 y 27 años de prisión por asesinato agravado, mientras que las defensas buscan reducir los cargos a homicidio o lesiones. En el caso de «Katy» Silva y Míguez, se contempla la posibilidad de penas menores si son considerados cómplices en lugar de autores.
Así, el jurado tiene a partir de este mismo lunes la compleja tarea de determinar si las evidencias y testimonios justifican las acusaciones de asesinato o si se trata de un caso con matices menos claros.
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