11 marzo, 2025
El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes la nueva ley de medios audiovisuales públicos, que regulará la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), con los votos a favor del PPdeG, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. La oposición, por su parte, ha rechazado el texto al considerar que facilita un mayor control del ente por parte del gobierno autonómico y abre la puerta a la «manipulación».
El BNG y el PSdeG han votado en contra, mientras que el representante de Democracia Ourensana, en el grupo mixto, se ha abstenido. La norma impulsada por la Xunta permite reducir el apoyo parlamentario necesario para elegir al director general de la CRTVG, que podrá ser designado con la mayoría absoluta del PP en tercera votación si antes no se alcanzan los apoyos necesarios para una mayoría reforzada: dos tercios en primera votación (50 votos) y tres quintos en segunda (45).
Esta medida ha sido el principal punto de crítica de la oposición. La diputada del BNG Olalla Rodil y su homóloga en el PSdeG, Silvia Longueira, han denunciado que la nueva ley busca permitir que el PP «nombre a dedo» al nuevo director de la CRTVG, después de «años de incumplimiento» de la legislación actual.
El texto aprobado es prácticamente el mismo que el enviado por el Gobierno gallego, ya que los populares han rechazado la mayoría de las 70 enmiendas presentadas por la oposición. Ninguna de las 29 enmiendas del BNG fue aceptada, mientras que solo se incorporaron tres de las 39 propuestas por el PSdeG.
Durante el debate, la diputada del PPdeG Carmen Pomar ha defendido la nueva normativa, asegurando que permitirá adaptar los medios públicos gallegos al «nuevo panorama digital», garantizando «pluralidad, objetividad y profesionalidad» y reforzando el papel de la CRTVG en la «promoción y difusión de la lengua gallega». Pomar ha lamentado la falta de apoyo de la oposición y ha acusado al BNG y al PSdeG de alimentar el «disenso».
Por su parte, Olalla Rodil ha asegurado que esta ley convertirá la CRTVG en «una terminal de propaganda» del PP, silenciando el pluralismo político e imponiendo «el pensamiento único». Según la diputada nacionalista, el objetivo de los populares es transformar la televisión pública en su «finca particular», proyectando una imagen «pequeña y folclorizante» de Galicia, en lugar de reflejar su pluralidad y diversidad.
Desde el PSdeG, Silvia Longueira ha denunciado que la norma está hecha «a medida del PP» y que obvia principios básicos como la igualdad, el mérito y la capacidad en la gestión de los medios públicos. A su juicio, la nueva ley condena a la CRTVG a la «irrelevancia» y la convierte en «una televisión sumisa al servicio de un partido». Además, ha criticado que el proceso se llevó a cabo «de espaldas» al Colegio Profesional de Xornalistas y a la mesa del sector audiovisual.
El diputado del grupo mixto, Armando Ojea, de Democracia Ourensana, ha abogado por una revisión integral de la CRTVG. Según él, es «discutible» que el ente haya cumplido con su objetivo de normalizar el uso de la lengua gallega y ha señalado el elevado coste de la corporación, que recibe 135 millones de euros de fondos públicos, lo que, en su opinión, impide su independencia y la somete a un control gubernamental similar al de otros medios públicos en España.
Antes del debate de la ley, el pleno del Parlamento de Galicia ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, fallecida recientemente debido a un infarto.
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