El PP pedirá una «auditoría externa» de toda la red de abastecimiento de Vigo

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha avanzado hoy que pedirán en el pleno del próximo miércoles una «auditoría externa e independiente» de toda la red de abastecimiento de Vigo, incluidas las estaciones depuradoras y los depósitos de almacenamiento de agua.

«Estamos muy preocupados porque hay decenas de informes técnicos que demuestran la mala calidad del agua, su no potabilidad en algunos casos, y su falta de garantías sanitarias en Teis y Canido», ha detallado.

Unas analíticas ha subrayado Elena Muñoz, que «suponen un motivo de gran preocupación para los vecinos». No en vano, y como ha explicado, lo del agua «no es una cuestión política, sino social»: «No entendemos que el alcalde siga mintiendo y negando la evidencia de los informes técnicos de Aqualia y de Sanidad».

Por este motivo, la portavoz popular ha urgido a Caballero a «hacer lo que debería haber hecho hace años», al menos desde 2010, fecha del primer informe de Aqualia en el que se urge a mejorar la potabilizadora. Dicha urgencia, explica, se reitera en el informe de 2017, que también recoge la necesidad de construir depósitos intermedios que garanticen la correcta cloración del agua. «Son actuaciones imprescindibles porque así lo dice Aqualia, no porque lo diga el Partido Popular de Vigo», ha incidido.

En este contexto, Elena Muñoz ha demandado también al alcalde que detalle «a qué se ha destinado el dinero de los vigueses» durante el tiempo que ha transcurrido desde la firma de una prórroga del contrato que ha calificado como «oscura y realizada contra los intereses de los vecinos».

No en vano, y como recuerda, cada año los vecinos «pagamos entorno a 46 millones de euros» a la concesionaria del agua y, sin embargo, las analíticas arrojan problemas con el alto contenido en hierro, con los trihalometanos, «y ahora con la ausencia de garantías sanitarias del agua sin clorar».

Absoluta falta de transparencia

En este marco, la portavoz popular ha reiterado la «absoluta falta de transparencia de Caballero y su gobierno», que «80 días después de que presentásemos el primer escrito, continúa ocultándonos la mayoría de las analíticas».

Una forma de actuar «ilegal», ha denunciado, ya que «vulnera nuestro derecho de acceso a la información», recogido en la Ley de bases del régimen local y en distintas normas de transparencia autonómicas y estatales.