El PSOE se blinda ante las acusaciones de sobornos de Víctor de Aldama y prepara querellas por calumnias

El empresario Víctor de Aldama ha desatado una tormenta política tras acusar públicamente a varios miembros del Gobierno y figuras destacadas del PSOE de haber recibido sobres con dinero a cambio de contratos y beneficios empresariales. Entre los señalados figuran el exministro José Luis Ábalos, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el ministro Víctor Torres y miembros del equipo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las acusaciones de Aldama no quedaron sin respuesta. Los señalados, incluidos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su esposa, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Santos Cerdán, han interpuesto una solicitud de acto de conciliación como paso previo a una querella por injurias y calumnias. En el documento presentado, califican las declaraciones del empresario como «falsas, difamatorias y gravemente lesivas para el honor» de los aludidos.

Mientras esto ocurría, el juez Santiago Pedraz ordenó la libertad de Aldama, quien aseguró tener pruebas que respaldan sus acusaciones. «Que no se preocupe Sánchez, que tendrá pruebas», declaró antes de regresar a su domicilio. Según su defensa, el empresario está dispuesto a aportar documentación que sustente sus afirmaciones, como parte de un supuesto pacto con la Fiscalía Anticorrupción.

EL PACTO CON LA FISCALÍA Y NUEVAS REVELACIONES

El pacto que habría permitido la liberación de Aldama incluía su colaboración en una investigación de fraude de hidrocarburos, en la que admitió haber pagado comisiones durante la pandemia. Sin embargo, el empresario fue más allá en su declaración ante el juez, apuntando directamente al conocimiento de Sánchez sobre estas operaciones y vinculando al Gobierno con el polémico viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en 2020, quien, según Aldama, habría llegado a España con el conocimiento del Ejecutivo, pese a las sanciones de la Unión Europea.

El Gobierno ha negado rotundamente las acusaciones y reiterado que el viaje de Rodríguez fue una «parada técnica». Pedro Sánchez respondió tachando a Aldama de «mentiroso y delincuente», mientras otros miembros del Ejecutivo han desacreditado sus declaraciones. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, comparó las afirmaciones del empresario con las fantasías del «pequeño Nicolás».

TENSIONES POLÍTICAS

El escándalo amenaza con convertirse en un campo de batalla legal y político. Los demandantes han señalado en su escrito de querella que las declaraciones de Aldama son «premeditadas y con fines espurios», insinuando que podrían responder a intereses de terceros o incluso a una posible recompensa.

Por otro lado, las acusaciones sobre pagos al PSOE y el papel del Gobierno en la entrada de Delcy Rodríguez añaden presión al Ejecutivo, especialmente en un contexto de creciente escrutinio público. Aldama, por su parte, mantiene su disposición a seguir adelante con sus revelaciones, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación y ampliar el alcance del escándalo.

La situación recuerda otros casos de corrupción en España, como las confesiones de David Marjaliza, que destaparon redes corruptas en la Comunidad de Madrid. Ahora, con Aldama en el centro del huracán, la pregunta es si este caso quedará en un cruce de acusaciones o desencadenará una guerra abierta con consecuencias políticas y judiciales de gran calado.