Entrevista a José Luis Valcarce, especialista en litigación de Rosón Abogados y de la red Rnosco

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José luis Valcarce en la nueva oficina de Rosón A&AT

El Fisco autonómico quiere hacer tributar por Actos Jurídicos Documentados las ventas de oficinas de farmacias con un criterio que podría afectar a cualquier negocio sujeto a licencia.

A pesar de que existen sentencias contradictorias por parte de los TSJ de varias comunidades, la nueva jurisprudencia establece que las ventas de oficinas de farmacia deben pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Este movimiento provocará que la Hacienda Autonómica pretenda aplicar un gravamen a transacciones que, hasta la fecha, se consideraba que no debían tributar. Hablamos con José Luis Valcarce en la nueva oficina de Rosón A&AT en Cornes sobre lo que esto puede suponer para farmacias y otros negocios sujetos a licencias administrativas o de actividad.

¿Se está preparando nuestra Hacienda Autonómica para hacer tributar por Actos Jurídicos Documentados las transmisiones de oficinas de farmacias? 

– No es que se esté preparando; es que de hecho ya ha comenzado a hacerlas. Está aplicando la novedosa jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, que en las sentencias de 26 de noviembre de 2020 concluye que la escritura de transmisión de oficinas de farmacia está sujeta a Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Hasta ese momento, la posición más común era entender que la transmisión de oficinas de farmacia no estaba sujeta a AJD porque la operación de transmisión del negocio de la farmacia no contenía un acto inscribible. Ahora la cesión o transmisión de una oficina de farmacia puede ser inscribible en el Registro de Bienes Muebles en la Sección de otros bienes muebles registrables.

Esto supone un cambio radical ya que buena parte de las comunidades autónomas no exigían AJD, e incluso algunas como Comunidad Valenciana habían establecido expresamente en resoluciones de su Hacienda Autonómica la no sujeción.

Con esta nueva jurisprudencia, el criterio que venían aplicando algunos TSJ como el de Madrid o Valencia decae y eso sitúa a las operaciones de transmisión de farmacias en el punto de mira.

¿La administración gallega empezará a aplicar este nuevo criterio de forma inmediata a las nuevas operaciones?

– De hecho, como le decía, ya ha empezado a aplicarlo, iniciando actuaciones de comprobación de operaciones no prescritas. No solo van a aplicar el criterio a las nuevas operaciones, sino que van a intentar hacer pasar por caja las realizadas en ejercicios anteriores.

Entonces, ¿las administraciones podrían gravar transacciones realizadas años atrás?

– Depende. Si le pregunta a la Administración autonómica, está claro que entiende que sí pueden. Yo creo que es discutible que pueda utilizarse un criterio novedoso para hacer tributar operaciones que hasta ahora se entendía que no debían tributar.

Entiendo que una de las cuestiones que habrá de ponderarse es la protección de la confianza legítima, que impediría revisar operaciones anteriores a las sentencias del Supremo. Pero esto es una discusión que tendremos que tener seguramente en los Tribunales.

Como especialista en litigación tributaria ¿qué recomendaría a aquellas personas que hayan adquirido un despacho farmacéutico en los últimos años?

Que no se resignen a pagar, y consulten su caso con abogados especialistas en Derecho Tributario para valorar opciones. Casi con total seguridad les va a llegar una notificación de la ATRIGA iniciando la comprobación de AJD por la compra de la farmacia, pero eso no significa que necesariamente tengan que tributar o que tengan que hacerlo en las cuantías que la ATRIGA propone.

¿Qué criterios se establecen para calcular el importe del impuesto? ¿Estamos hablando de cantidades muy elevadas? 

Aunque los Actos Jurídicos Documentados no tengan un tipo muy elevado, el problema radica en la base imponible que haya de tomarse para liquidar. En una compraventa de oficina de farmacia pueden transmitirse distintos elementos como la licencia, mobiliario, fondo de comercio, etc. Nosotros defendemos firmemente que no todos ellos resultan susceptibles de tributar en AJD.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no aborda en sus sentencias qué elementos se sujetan a AJD, por lo que previsiblemente habrá litigiosidad al respecto, ya que la voluntad de la Administración va a ser recaudar lo más posible.

¿Cree que este cambio en la forma de interpretar la ley puede afectar a otros negocios además de a las farmacias?

Pues me temo que sí. Ahora mismo el Supremo tiene pendiente de resolución una casación sobre la aplicación de la doctrina de estas sentencias a una transmisión de un supermercado.

Podemos encontrarnos con que no solo farmacias tengan que tributar sino que supermercados, taxis, tiendas, bares y cualquier negocio sujeto a licencia acabe tributando por AJD. 

¿Esto no crea un ambiente de inseguridad jurídica entre los empresarios que desarrollan su actividad en sectores regulados por licencias?

Sin duda. Si aplican la Jurisprudencia con efecto retroactivo, sí podría considerarse contrario a la confianza legítima y lesivo de la seguridad jurídica.