2 marzo, 2025
Como no figura entre las recomendaciones exigibles a su cargo -en puridad no hay ninguna que le obligue más allá de la voluntariedad de quien le nombra- se entiende que el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, haya optado por el camino del medio de la irresponsabilidad permitiéndose entrar en finca ajena para poner un orden que ni se le pide -¿o sí?- ni para el que acaso esté debidamente capacitado: Diseñar una suerte de itinerancia profesoral y estudiantil por universidades ajenas a quien imparte la titulación de Medicina, la Universidad de Santiago, con no explicitadas intenciones a las que no es difícil poner el cascabel de los beneficios buscados.
Se ampara, para hacerlo, en el se supone que docto -¿y académico?- parecer de dos personas a las que se mantiene en el más absoluto anonimato, que concluirían la conveniencia de esa trashumancia diaria del profesorado de dicha facultad, llamado a impartir la docencia teórica de los últimos cursos de la carrera, según aconseja la intentona, en localidades y universidades ajenas, como decimos, a quien ostenta la responsabilidad de la titulación, la cinco veces centenaria Fonseca.
Un propósito hecho, dicho sea de paso, con el sigilo suficiente, el oscurantismo necesario y de modo lo suficientemente subrepticio para que el de la alevosía sea el menor de los descalificantes adjetivos que puedan hacérsele.
Desde el otro lado, el receptor de ese pretendido informe, está un rector de la USC, Antonio López Díaz, a quien, en contra de lo que le ocurre al conselleiro, sí le es exigible, en razón del cargo, la preocupación suficiente como para saber lo que, negro sobre blanco y de cara a la optimización de la institución que preside, acordaron sus compañeros de la CRUE- Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas- en el informe ¿Qué Universidad queremos para 2030? cuando reclaman “unas universidades abiertas e inclusivas y comprometidas con la transparencia en sus actividades, con los principios de democracia y libertad, con la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y la ejemplaridad y los valores éticos que deben regir la institución”. Item más, y sin la fuerza de un documento que le comprometa por pertenencia al organismo que lo redacta, como el ya citado, pero sí como profesionalizada reflexión de por donde la Universidad debe regir sus pasos, las recomendaciones de la Fundación CYD -en el estudio Las Universidades Españolas en el mundo– inciden en el mismo sentido de que la reputación se ha convertido en un factor determinante para atraer profesores, investigadores, estudiantes y apoyo social y que ello solo se conseguirá desde la “calidad percibida”, con la base en la “excelencia objetiva” que requiere “una formación particular de los líderes, de modo que sean sensibles con la transparencia, la participación, las relaciones, la ética y la confianza”.
Y es, sin entrar en más concretas menudencias, donde la sombra de la citada alevosía cobra cuerpo también en el comportamiento desde San Xerome por cuanto sus afirmaciones -de hacer caso a la prensa escrita- de que el rectorado habría reunido al decano y a directores de departamento para presentarles el documento entregado por la Consellería de Sanidade con el objetivo de que lo estudiaran y aportaran consideraciones al respeto choca con lo fáctico de las declaraciones del propio decano, que reconoce que en el primer trimestre “se habló” de dicha posibilidad pero, dice la prensa poniéndolo en su boca, “no se dio ningún dato, en la facultad no tenemos información concreta”.
En cuanto a la pretendida información transmitida a los directores de departamento, basta citar el poco amigable escrito de cuarenta significados docentes e investigadores de la USC -publicado por DIARIO DE SANTIAGO en rigurosa exclusiva-, reclamando una información que aseguran desconocer y que, según otros testimonios reclamados también por este medio digital, aseguran que quería imponérseles ya, manu militari, el próximo curso. ¿Quién y con qué intenciones miente? ¿Acaso el propio decanato y los firmantes del comunicado no acaban de demandar una Junta de Facultad para conocer el alcance real del mencionado informe de los anónimos expertos y las subrepticias intenciones del rectorado? ¿Se tomó alguna determinación en relación con el documento en el Consello de Goberno de la Universidad? ¿Olvida el rector las citadas recomendaciones de la CRUE de transparencia en sus actividades, consorte con los principios de democracia y libertad? Una exigencia tanto más perentoria a la vista de los antecedentes que, respeto de la USC, obran en el haber de una clase política gallega francamente mejorable. ¿Tienen criterio los distintos estamentos parauniversitarios englobados en el SUG -ACSUG o CIUG- sobre el propósito de Sanidad, de indudable afectación a una de las titulaciones estrella del tan encomiable campus de la salud? ¿Coinciden en la torticera reivindicación de Sanidade los organismos singulares de investigación -IDIS, CIMUS y similares- al amparo de la USC?
Desde el lado de la Xunta ¿Es la Consellería un verso libre -lo es en otras preocupantes iniciativas de quien actúa como elefante en cacharrería, aunque son reflexión obligada para otro día- también a la hora de inmiscuirse en competencias que no le son propias y sí atañerían más directamente al compañero de Gobierno, el este sí muy eficiente conselleiro de “Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional”, como literalmente reza su cargo? ¿Es la presidencia del Gobierno autonómico conocedora y favorecedora de esa eminente decisión de tan marcado signo populista de conveniencia estrictamente electoral o, por el contrario, estaríamos asistiendo a una suerte de crónica de rey pasmado también en relación con la actuación de su departamento sanitario?
En los años que lleva en vigor está por hacerse el conveniente estudio que analice la en ocasiones negativa incidencia del Sergas en la docencia de la Medicina, especialmente en cuanto poco favorecedora de propiciar el clima adecuado para que los titulados médicos realicen el exigible doctorado que CRUE y demás autoridades académicas exigen como condición irrenunciable para impartir la enseñanza médica.
En cuanto al rectorado, más que plegarse a las diletancias oscurantistas de un Gobierno autonómico que sigue sin enterarse de qué va el SUG -la gratuidad de la matrícula es el más meridiano ejemplo de llenar el vacío mar de la financiación universitaria con un cubo infantil de playa- haría bien en atender al más grave problema que se le presenta de un PDI que, por lo que hace a Galicia, experimentó el quinto menor aumento porcentual entre los cursos 2016-2017 y 2020-2021, el mayor descenso porcentual del PDI en equivalencia a tiempo completo y afronta el inmediato futuro con el 23 % de dicho PDI con sesenta años o más, el segundo valor más elevado de las 17 comunidades autónomas, sólo por detrás de Canarias y seis puntos porcentuales por encima del dato del conjunto español, sin que la necesaria reposición se vea ni fácil ni inmediata.
Volviendo al Gobierno autonómico y a los graves problemas que afronta, especialmente en cuanto a financiación, el Sistema Universitario gallego, ¿cree que esa endogámica carencia se resuelve con la tan populista matrícula gratuita?
Sabe la Xunta que, con el resto del Estado, su pretendida excelencia académica, con datos de 2020, se sitúa en el decimosexto lugar más bajo entre 38 países al considerar el gasto público en educación superior. Un 50% inferior, al menos, a lo que destinan países como Noruega y Dinamarca, Suecia, Austria, Estados Unidos y los Países Bajos?. ¿O que el gasto en España en instituciones de educación superior apenas alcanza los 14.361 euros por estudiante, cifra un 20,7% más reducida que el promedio de los países de la OCDE y un 18,3 más baja que el de la UE?.
De modo que dejen ambos, Xunta y rectorado, de jugar a hacer experimentos con materia tan sensible como la docencia en Medicina y pónganse a trabajar en lo que les compete y que tantas carencias muestra. Los experimentos, lo dicen la siempre certera sabiduría popular, con gaseosa… y en casa.
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