Fallo judicial: el Estado debe hacerse cargo de mil menores migrantes en Canarias

El Supremo obliga al Gobierno a hacerse cargo de mil menores migrantes en Canarias

El Tribunal Supremo ha dado un plazo de diez días al Gobierno central para asumir la tutela de mil menores no acompañados que se encuentran acogidos en Canarias. La decisión responde a la petición del Ejecutivo regional, que lleva meses alertando sobre el colapso de su sistema de acogida.

Una crisis de acogida desbordada

Las Islas Canarias se han convertido en uno de los principales puntos de llegada de migrantes en España, y la situación ha puesto a prueba la capacidad de sus centros de acogida. Según datos oficiales, más de 5.500 menores no acompañados están actualmente bajo la tutela del Gobierno autonómico, una cifra que, según denuncian las autoridades locales, es insostenible.

El Gobierno canario ha insistido en la necesidad de un reparto equitativo de estos menores entre las comunidades autónomas, un planteamiento que hasta ahora ha generado resistencias y demoras. Con este fallo, el Supremo obliga al Ejecutivo central a intervenir de manera inmediata.

Reacciones y próximos pasos

Desde Canarias, el presidente autonómico ha celebrado la decisión judicial y ha pedido que se agilice el traslado de los menores a otras regiones. «Llevamos mucho tiempo reclamando solidaridad y justicia. No podemos seguir soportando esta carga en solitario», señaló.

Por su parte, desde el Gobierno central han indicado que estudiarán el fallo y trabajarán en su cumplimiento, aunque han insistido en la necesidad de que las comunidades autónomas colaboren en la distribución de los menores.

Organizaciones humanitarias han advertido que, más allá del reparto de responsabilidades, es fundamental garantizar el bienestar de los niños y adolescentes afectados, muchos de los cuales han llegado tras viajes extremadamente peligrosos.

Un desafío a largo plazo

Más allá de esta resolución, la crisis migratoria en Canarias sigue planteando un desafío de gran magnitud. La presión sobre los centros de acogida y la necesidad de recursos para la integración de estos menores siguen siendo temas pendientes. Con esta medida, se abre un nuevo capítulo en la gestión de la migración en España, donde la solidaridad entre territorios será clave para afrontar la situación.