Familiares y usuarios de residencias de mayores podrán denunciar ante la Xunta las deficiencias de los centros

La conselleira de Política Social, Fabiola García, anunció hoy en el Parlamento de Galicia que el Gobierno gallego iniciará en los próximos días la tramitación de una nueva orden que reforzará la labor inspectora al facilitar que las personas usuarias de las residencias y sus familias puedan presentar directamente a la Xunta sus quejas y denuncias y agilizar su respuesta. Fabiola García señaló que esta medida busca continuar con el objetivo de la Xunta de mejorar los procedimientos de inspección para actuar cada vez con más rapidez y contundencia frente a los incumplimientos. También responden a este compromiso otras iniciativas como la puesta en marcha de campañas específicas para asegurar que las residencias respeten el patrimonio de los usuarios, garantizar el cumplimiento del régimen de precios estipulado por la administración, para evitar que se facture indebidamente por extras a las familias y la futura actualización de la normativa que regula los centros de atención a las personas mayores.

En este sentido, la conselleira apuntó que el Plan de inspección para 2020 prevé realizar más de 1.500 a centros de servicios sociales, un 20% más de las programadas el año pasado. En lo que va de legislatura y hasta el inicio de esta crisis, se abrieron 33 expedientes sancionadores a residencias de mayores y se cerraron dos centros. Ya durante la pandemia los inspectores de servicios sociales acudieron a otros 37 centros e incoaron cuatro expedientes sancionadores.

Anticipación, transparencia y contundencia

Fabiola García defendió la gestión de la Xunta en las residencias frente a la falta de acción del Gobierno central, que desatendió estos centros pese a haber asumido el mando único en esta emergencia sanitaria. Así, explicó que la actuación del Ejecutivo gallego se fundamentó en tres premisas. La primera de ellas fue la anticipación, puesto que la Xunta limitó las visitas en estos centros antes de que el Gobierno central declarara el estado de alarma y contó con un protocolo de actuación antes de que el Ministerio de Sanidad elaborara uno para toda España.

La segunda fue la de la transparencia al dar a conocer diariamente el número de contagios y fallecimientos, por el contrario el Ejecutivo central no hizo públicos estos datos que las comunidades le facilitan desde hace más de un mes. Y la tercera premisa consistió en la contundencia, al asumir la autoridad sanitaria la tutela de todas las residencias, con la intervención de centros en los que el avance del virus había puesto en riesgo la calidad asistencial y con la creación de residencias integradas para atender a personas mayores contagiadas.

Reconocimiento a los profesionales

La conselleira de Política Social exaltó el trabajo del personal de los centros residenciales para frenar el virus. Estos centros fueron reforzados por 1.013 profesionales de centros de día, de centros de educación especial o de otros ámbitos. Dentro de la estrategia de la Xunta para combatir esta pandemia también subrayó que se hicieron pruebas al 100% de los usuarios de las residencias.

Con estas medidas -según las estadísticas hechas públicas por los medios de comunicación- Galicia se sitúa como la quinta Comunidad Autónoma de España con menos fallecimientos en relación a las plazas de mayores y la segunda dónde menos penetró el coronavirus en las residencias. Además, el porcentaje de difuntos entre usuarios de residencias con respecto al total de muertes con coronavirus es 18 puntos menor que en el conjunto de España.