Jordi Pujol, “Qué coño es eso de la UDEF”

Desde el punto de vista de la exigible normalidad democrática de un país, la noticia conocida ayer por la que se fija fecha para la apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, sus hijos y destacados empresarios de la Comunidad catalana, supone una clara evidencia de una grave anomalía toda vez que es la de la prontitud en la reposición del orden establecido una de las principales exigencias para poder hablar de Justicia justa. Es más, en torno a esa incomprensible demora se acumulan sospechas del más variado signo como para poder justificar la tardanza habida en la mera evolución de los siempre demorados trámites burocráticos que salpican también a los tribunales.

Porque el juicio contra el llamado clan Pujol se acaba de fijar para el 10 de noviembre de dentro de un año, es decir en 2025, estimándose el final de la vista oral para abril de 2026. Dicho en otras palabras, trece años después de la apertura -2012- de la causa incoada por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental por la fortuna no declarada de la familia en Andorra, tras la denuncia de Victoria Álvarez, la ex novia del primogénito Jordi Pujol Ferrusola. La Fiscalía pide para el expresidente Pujol Soley nueve años de prisión que evidentemente no cumplirá por presuntamente “favorecer a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos de la Administración pública catalana” y 29 años para el primogénito.

Fue en 2020, luego de ocho años de instrucción, cuando el juez José de la Mata propuso juzgar a la familia Pujol como “organización criminar enriquecida por la corrupción” encausado al propio Pujol, a su esposa Marta Ferrusola -contra quien se archivó la causa por motivos de salud en 2021 y que falleció en julio de este año-, a sus siete hijos además de distintos empresarios hasta un número total de 18. Fue el momento en que el Juzgado Central de Instrucción puso fin a la investigación. Posteriormente, en 2021, sería el juez Pedraz quien decidió abrir juicio, descartando la petición de la Abogacía del Estado de excluir al ex presidente catalán.

Para entonces, el político ya había descendido al infierno del descrédito social al confesar la evasión fiscal en Andorra que achacó a una supuesta herencia de su padre de 140 millones de pesetas y no a las coimas por adjudicaciones del Gobierno que presidía. A los pocos días de su confesión fue despojado de cargos y honores en medio de la lógica decepción general que el otrora Molt Honorable tradujo en indignación propia cuando, en 2014, compareció ante el Parlamento catalán con la amenaza expresa de agitar el árbol de la corrupción para que el ventilador se ocupara de salpicar a otras personas.

Nadie pondrá el conveniente cascabel al gato, pero lo cierto es que la demora habida en la fijación definitiva de la vista oral y aún el retardo de ésta tras su anuncio de ayer dejan la sospecha de que, hoy por ti mañana por mí, las cloacas del Estado acaso tuvieran algo que ver, además de la no tan velada amenaza parlamentaria de extender la sombra de la corrupción por toda la clase política, hasta el punto de que cuando por fin se inicie dicha vista el ex presidente contará con 95 años.

Una edad lo suficientemente longeva como para ser eximido del cumplimiento de cualquier pena de cárcel. Pero acaso ahora, tras la vista oral, el político que se libró milagrosamente del caso Banca Catalana que había fundado -logró, siendo ya presidente de la Generalitat, el sorprendente apoyo de 33 magistrados que lo exculpaban frente a ocho que pedían su procesamiento- encuentre una definitiva y adecuada respuesta a aquel “Qué coño es eso de la UDEF -Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal-“ que ensoberbecido pronunció en el programa de televisión “Espejo Público” de Antena 3 en 2013, donde atribuyó las acusaciones de corrupción contra su familia a una “campaña de desprestigio”.