La AP-9, clave para tres millones de gallegos, sigue atada a peajes pese al dictamen de Bruselas

La Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) Galicia ha intensificado su demanda para que la Autopista del Atlántico (AP-9), principal arteria de comunicación de la comunidad, sea gestionada públicamente y libre de peajes. Esta reivindicación cobra fuerza tras el dictamen de la Comisión Europea que consideró ilegales las prórrogas de la concesión otorgadas sin un concurso público adecuado.

“Queremos que la AP-9 sea pública y gratuita,” expresó José Luis Calo, coordinador de UCIN Galicia. Calo subrayó que la cuestión de los peajes es más una decisión de voluntad política que un problema de viabilidad económica, recordando que medidas similares ya se han adoptado en otras comunidades autónomas del país.

UNA PROMESA INCUMPLIDA Y UN RECHAZO ROTUNDO

La gratuidad de la AP-9 fue uno de los compromisos destacados del PSdeG durante las últimas elecciones autonómicas. Sin embargo, la formación acusa al actual gobierno central de haber desvanecido esta promesa. La negativa del ministro de Transportes, Óscar Puente, a transferir la gestión de la autopista a la Xunta de Galicia ha sido especialmente criticada por UCIN.

“Es inaceptable que los gallegos sigamos pagando peajes por utilizar una infraestructura esencial, mientras en otras regiones del país se eliminan estas barreras,” añadió Calo.

La eliminación de los peajes de la AP-9 no solo supondría un alivio económico para miles de gallegos, sino que también impulsaría el desarrollo regional, facilitando el transporte de mercancías y reduciendo costes para las empresas locales.

Desde UCIN Galicia, insisten en que la concesión de Audasa, que se amplió por 25 años, debe finalizar de inmediato. “Es una cuestión de justicia para Galicia y de cumplimiento con las directrices europeas,” señaló Calo.

LA LUCHA CONTINÚA

La batalla por la gratuidad de la AP-9 sigue ganando adeptos en la comunidad autónoma, donde los ciudadanos exigen una infraestructura moderna y accesible sin peajes, tal como ocurre en otras regiones del país.

UCIN Galicia ha anunciado que continuará ejerciendo presión sobre las administraciones para que actúen conforme a los intereses de los gallegos, demandando que la AP-9 se transforme en un servicio público que contribuya al bienestar de todos los ciudadanos.

“Estamos ante una oportunidad histórica para rectificar una injusticia y garantizar un futuro más accesible y equitativo para Galicia,” concluyó Calo.