La Fiscalía insiste en mantener la condena contra Louzán por prevaricación

La Fiscalía ha expresado su oposición a que el Tribunal Supremo absuelva a Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y exdirigente de la Diputación de Pontevedra, de la condena por prevaricación que pesa en su contra. La sentencia, dictada en 2022 por la Audiencia Provincial de Pontevedra, lo inhabilita por siete años para ejercer cargo público por su implicación en una concesión irregular para la reforma de un campo de fútbol en Moraña.

El argumento del Ministerio Público

El fiscal Javier Huete argumentó durante la vista en el Tribunal Supremo que «toda la tramitación del expediente era prevaricadora» y defendió que la condena debe mantenerse. La investigación determinó que Louzán aprobó una subvención de 86.311 euros para unas obras que ya estaban ejecutadas, utilizando un procedimiento que el tribunal consideró ilegal y arbitrario. Aunque en primera instancia también se le había condenado por fraude, la Audiencia Provincial lo absolvió de este delito, dejando en firme solo el de prevaricación.

El fiscal sostuvo que Louzán creó «un sistema alternativo, fuera del control y de la normativa», para autorizar el pago de la obra, lo que constituye un acto de prevaricación. Según Huete, la sentencia de la Audiencia de Pontevedra es clara en determinar que el acusado actuó «a sabiendas de que la concesión era ilegal», vulnerando los principios de transparencia y legalidad en la administración pública.

Rafael Louzán

Por su parte, la defensa de Louzán argumentó ante el Supremo que las leyes de subvenciones y contratación del sector público permitían la concesión de una nueva subvención o la adjudicación directa del contrato sin publicidad. En este sentido, sostuvo que no existió dolo ni perjuicio grave para la administración, por lo que pidió la exoneración de su cliente. El abogado de Miguel Ángel González, exdirector de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, también intervino para cuestionar los hechos probados en la sentencia y alegar que los cambios realizados por la Audiencia Provincial no justificaban la condena. Asimismo, los representantes legales de los empresarios Jaime Alvariñas y Enrique Alonso, vinculados a la empresa beneficiaria de la subvención, se sumaron a la petición de absolución.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el Tribunal Supremo ha dejado el caso visto para sentencia y se espera que en las próximas semanas emita su resolución definitiva sobre el recurso de Louzán.