Compartir

El Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC), dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, resolvió el pasado año 280 expedientes sancionadores y alrededor de 500 arbitrajes en el área territorial de Vigo, según informó hoy en rueda de prensa el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves.

Desde la oficina de Vigo se realizaron 13.569 inspecciones. La mayor parte de ellas motivadas en la busca de productos incluidos en la red de alerta de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición con 12.242 actuaciones a lo largo del 2017.

El servicio recibió más de 4.000 reclamaciones y atendió más de 9.200 consultas telefónicas y presenciales. En cuanto a los sectores más reclamados, López-Chaves destacó que siguen siendo los relacionados con la telefonía y las compañías energéticas los que concentran el mayor número de las quejas, con 1.146 y 471 reclamaciones respectivamente. Les siguen las empresas electrónicas y las dedicadas a los transportes con 398 y 344 incidentes abiertos.

De entre los 280 expedientes abiertos en el 2017 y que supusieron una recaudación de cerca de 550.000 euros en multas, dos fueron por infracciones muy graves, 153 graves y 125 de carácter leve.

En este sentido, el delegado recordó que el pasado mes de junio el Instituto Galego de Consumo e da Competencia multó a la empresa responsable del servicio municipal de agua en Vigo con una sanción de 15.000 euros por no haber activado un teléfono gratuito de atención al usuario.

Con todo, acentuó que el objetivo de este servicio no es recaudar sino mediar para que los consumidores vean atendidas sus demandas. «La finalidad es obtener para ellos una solución a su queja», señaló.

López-Chaves, quien destacó la intensa actividad de este servicio en el área territorial de Vigo, hizo especial hincapié en las reclamaciones resueltas por la vía del arbitraje con 447 laudos emitidos, de los que 289 fueron estimados, 132 desestimados y 26 conciliados.

A este respeto, recordó que son 12.331 las empresas y establecimientos gallegos adheridos al Sistema de Arbitraje de Consumo, que ofrece una solución extrajudicial de resolución de conflictos.

«La empresa es sancionada por una actuación incorrecta y el consumidor ve como su reclamación es atendida y el daño corregido», abundó el representante del Gobierno autonómico, quien hizo una férrea defensa sobre el servicio de atención al consumidor que se ofrece desde el IGCC. «Un servicio que trabaja, actúa y resuelve, garantizando la protección del consumidor frente a prácticas irregulares», concluyó.