El delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, compareció este viernes en rueda de prensa para dar cuenta de la decisión de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de abrir un expediente informativo al Ayuntamiento vigués por el proyecto de Rehabilitación y Transformación del entorno urbano de la Gran Vía.
Segundo explicó el representante autonómico, la apertura de diligencias informativas viene motivada por la recepción en el departamento dependiente de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de varias denuncias por parte del vecindario que se opone al proyecto diseñado por el Consistorio vigués.
Preguntado por el contenido de las mismas, López-Chaves indicó que los denunciantes reclaman en sus escritos, dirigidos tanto la Xunta como al Ayuntamiento, suspender la ejecución del proyecto de las obras entre la calle Lepanto y Nicaragua. En ellos justifican, apuntó, que la actuación anunciada por el Ayuntamiento no dispone de la preceptiva autorización de Patrimonio Cultural e instan a que se desautorice la intervención municipal.
Una vez notificada la apertura de este proceso, la Administración local tendrá diez días hábiles para formular los alegatos que estime oportunas en defensa de sus intereses, acompañando los documentos y pruebas que considere oportunos.
Autorización preceptiva
Segundo recordó, el ayuntamiento de Vigo remitió el pasado 9 de abril el expediente, que tuvo entrada por registro en la Delegación Territorial de Pontevedra dos días más tarde. El representante autonómico llamó así la atención sobre el hecho de que el alcalde había afirmado el día 13 que la mejora no precisaba de un informe preceptivo cuando la Concejalía de Fomento ya entonces lo había remitido.
En lo que respeta a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, insistió en la necesidad de completar la autorización del proyecto de rehabilitación y transformación de la Gran Vía, por encontrarse el ámbito de actuación en un entorno de protección de bienes catalogados y cuya existencia, señaló, «reconoce el propio proyecto. Se identifican edificaciones colindantes con el ámbito incorporadas al catálogo de bienes culturales», citó textualmente del proyecto municipal.
El delegado territorial incidió así en que es la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia la que exige el informe de la autoridad competente y, por lo tanto, «desde la Xunta nos limitamos a cumplir la normativa vigente».
López-Chaves afirmó que el envío de la documentación por parte del Consistorio vigués supone, por una parte, que sí es necesario el informe de Patrimonio; y, por otra, que el Ayuntamiento así lo pidió «pese la que el alcalde había dicho públicamente el contrario».
