30 enero, 2018
La Xunta viene de confirmar la apertura de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Vigo como responsable del servicio de abastecimiento de agua de consumo humano, tras detectar reiteradas deficiencias en los controles realizados por el Laboratorio Municipal en la llave del consumidor e incumplimientos en la calidad del agua que no fueron comunicados a la autoridad sanitaria. Se determinan así cuatro infracciones administrativas, tres de tipificadas como graves y otra de carácter leve.
Las inspecciones de Salud Pública llevadas a cabo ponen de manifiesto el incumplimiento reiterado en Vigo de la normativa que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo, requiriéndole el Ayuntamiento a aplicación de las consecuentes medidas correctoras para emendar las no conformidades detectadas en el marco del programa gallego de vigilancia sanitaria.
En la comunicación, se acuerda además de la incoación del expediente sancionador al Ayuntamiento de Vigo la suspensión temporal del funcionamiento del Laboratorio Municipal para la realización de análisis del agua para consumo o de cualquier actividad para la que se le exija la posesión de certificación o acreditación.
En los análisis realizados por el Laboratorio Municipal en la llave del consumidor en 2016 y 2017 se detectan hasta 24 analíticas que califican el agua como no apta y otras 31 bajo la clasificación de apta con no conformidad. En cuanto a 2015, señalan que no se realizaron la totalidad de los análisis en la llave del consumidor.
Además, según pudieron constatar los técnicos sanitarios de la Consellería ninguno de estos incumplimientos fue confirmado con una segunda analítica antes de las 24 horas de haberse detectado, ni comunicado por el Ayuntamiento de Vigo a la autoridad sanitaria. Tampoco están disponibles estas analíticas de control en llave en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo ( Sinac).
En este sentido, Sanidad recuerda que la gestión del abastecimiento le corresponde la empresa municipal encargada del servicio, sin embargo el control en la llave del consumidor es competencia de la Administración local.
Por todos los hechos expuestos, la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidad de Pontevedra determina la cuantificación provisional de la sanción en el importe de 21.520,26 euros por cuatro infracciones administrativas, tres de ellas tipificadas de carácter grave y otra de carácter leve.
Esto es, 6.010,13 por la ausencia de certificación o acreditación del Laboratorio Municipal, otros 6.010,13 por la falta de determinación de metales en las analíticas de control y 8.000 por la ausencia de notificación a la autoridad sanitaria de los supuestos constatados de agua no apta para el consumo. En cuanto a infracción leve, acuerda la cantidad de 1.500 euros por no suministrar los datos al Sinac.
El Ayuntamiento contará con un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a aquel en el que tenga lugar a notificación, para aducir alegatos, señalan desde la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidad de Pontevedra
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