La Xunta advierte que la condonación de la deuda autonómica incrementaría en 470 euros la deuda por cada gallego

El secretario general Técnico y del Tesoro, David Cabañó, advirtió hoy en el Parlamento gallego que la condonación de la deuda de las comunidades autónomas supondría «un mal negocio para Galicia», al incrementar en 470 euros la deuda por habitante. Según explicó, esta medida no eliminaría la deuda, sino que la redistribuiría entre todos los ciudadanos del Estado, perjudicando a las regiones menos endeudadas.

En respuesta a una pregunta oral, Cabañó detalló que, en el caso de Galicia, cada gallego dejaría de asumir 896 euros de deuda gallega para pasar a asumir 1.366 euros de deuda correspondiente al conjunto de las comunidades autónomas. Subrayó que la medida no otorgaría a las comunidades una mayor capacidad de gasto, ya que no permitiría destinar el importe condonado a incrementar políticas públicas en áreas como sanidad, educación o dependencia.

«No es cierto que se pueda dedicar el importe de la quita a mejorar servicios públicos. Únicamente se dejaría de pagar una cantidad de intereses que, en su lugar, tendría que asumir el Estado, detrayéndolo de otras partidas presupuestarias», explicó Cabañó, resaltando que solo las comunidades más endeudadas resultarían beneficiadas de esta operación.

Reforma del modelo de financiación

Ante este escenario, el secretario general Técnico y del Tesoro insistió en que la prioridad para Galicia es negociar un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta factores como la dispersión poblacional y el envejecimiento, elementos que elevan el coste de la prestación de los servicios públicos en la comunidad.

«A diferencia de la condonación de la deuda, la mejora del sistema de financiación sí nos permitiría aumentar nuestra capacidad de gasto y mejorar la prestación de los servicios esenciales», afirmó Cabañó.

Asimismo, recordó que el acuerdo adoptado en el Parlamento de Galicia en 2023 no recoge ninguna postura favorable a la condonación de la deuda, sino que prioriza la necesidad de reformar el sistema de financiación de manera equitativa. «Lo importante es garantizar un reparto justo que valore los costes derivados de la dispersión y el envejecimiento y que no genere agravios entre territorios», concluyó.