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La Xunta concluye en la propuesta de resolución del expediente sancionador abierto el pasado mes de enero al Ayuntamiento de Vigo, como responsable del servicio de abastecimiento de agua de consumo humano, la imposición de cuatro infracciones administrativas, tres tipificadas como graves y otra de carácter leve, que cuantifica en el importe de 21.520,26 euros.

Así lo informó hoy el delegado del Gobierno gallego en el área territorial, Ignacio López-Chaves, quien confirmó la desestimación de la totalidad de los alegatos de la Administración local «rebatiendo todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento».

Según dijo, una vez analizada la documentación y vistas las actas y los alegatos presentados, quedan probadas las deficiencias reiteradas en los controles realizados por el Laboratorio Municipal en la llave del consumidor. También que hubo incumplimientos en la calidad del agua que no fueron ni confirmados, con una analítica a las 24 horas como marca la normativa, ni comunicados a la autoridad sanitaria

Las inspecciones de Salud Pública llevadas a cabo ponen de manifiesto el incumplimiento reiterado en Vigo de la normativa que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo, requiriéndole al Ayuntamiento la aplicación de las consecuentes medidas correctoras para emendar las no conformidades detectadas en el marco del programa gallego de vigilancia sanitaria.

En los análisis realizados por el Laboratorio Municipal en la llave del consumidor en 2016 y 2017 se detectan hasta 24 analíticas que califican el agua como no apta y otras 31 bajo a clasificación de apta con no conformidad. En cuanto a 2015, señalan que no se realizaron la totalidad de los análisis en la llave del consumidor.

Además, según pudieron constatar los técnicos sanitarios de la Consellería ninguno de estos incumplimientos fue confirmado con una segunda analítica antes de las 24 horas de haberse detectado, ni comunicado por el Ayuntamiento de Vigo a la autoridad sanitaria. Tampoco están disponibles estas analíticas de control en llave en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac).

Autoridad sanitaria municipal

En este sentido, el delegado recordó que la gestión del abastecimiento le corresponde a la empresa municipal encargada del servicio, sin embargo el control en la llave del consumidor es competencia de la Administración local que, de acuerdo con la Ley de Salud Pública, «es autoridad sanitaria y, por tanto, responsable».

Al hilo, el representante autonómico recordó que en los alegatos el propio Ayuntamiento reconoce supuestos de agua no apta. Así resumió, «no se hizo la comprobación a las 24 horas, no se adoptaron medidas correctoras, no se analizaron las causas de los incumplimientos y no se comunicó ni a la Xunta ni a los consumidores los sucesivos episodios de agua no potable».

«Es de extrema gravedad que, conociendo estos resultados, el Ayuntamiento no había actuado», dijo, y fue más allá al destacar que el alcalde «no atendió las recomendaciones y observaciones de los técnicos municipales del laboratorio, que le habían pedido que  declarase el agua no apto para el consumo».

Por todos los hechos expuestos, la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidad de Pontevedra determina la cuantificación provisional de la sanción en el importe de 21.520,26 euros por cuatro infracciones administrativas, tres de ellas tipificadas de carácter grave y otra de carácter leve.

Esto es, 6.010,13 euros por la ausencia de certificación o acreditación del Laboratorio Municipal, otros 6.010,13 por la falta de determinación de metales en las analíticas de control y 8.000 por la ausencia de notificación a la autoridad sanitaria de los supuestos constatados de agua no apto para el consumo. En cuanto a infracción leve, acuerda la cantidad de 1.500 euros por no suministrar los datos al Sinac.

El Ayuntamiento contará con un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a aquel en el que tenga lugar a notificación, para aducir de nuevo alegatos.

Ciclo del agua: Saneamiento

El delegado territorial aprovechó su comparecencia pública para referirse a la recién inaugurada EDAR de Lagares, costeada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Xunta de Galicia, y en «la que el Ayuntamiento apenas tiene participación directa», afirmó.

Tras la confusión generada entorno a la aportación anual de Vigo al canon del agua, destacó que el cofinanciamiento de las obras de la nueva depuradora, que se estima en unos 75 millones de euros, se tardaría en recuperar más de 15 años si Augas de Galicia no tuviese más inversiones en la ciudad.

Al hilo, recordó que esta tasa, antiguo impuesto llamado canon de saneamiento, se puso en funcionamiento en el año 2012 en aplicación del principio de recuperación de costes, recogido en la Directiva Europea Marco del agua, y que las tarifas establecidas son las mismas para toda Galicia y dependen del agua que se consume.

De carácter finalista, aclaró, el canon financia única y exclusivamente las actuaciones en materia de abastecimiento, saneamiento y explotaciones de depuradores de aguas residuales y gestión de los ríos.

Al mismo tiempo, subrayó que tiene un papel multiplicador, ya que permite la cofinanciación de fondos europeos aportados por el Estado que permiten ejecutar grandes infraestructuras como la EDAR de Vigo, que de otro modo tendrían que ser financiadas directamente por los ayuntamientos, administraciones competentes en materia de saneamiento. «Cada euro del canon del agua gastado en la ciudad permite una inversión por un valor de dos euros», dijo.

Concretamente, con este canon se está financiando la gestión del dominio público hidráulico que hace Augas de Galicia y que afecta al Ayuntamiento de Vigo, como en el río Lagares o en el río Oitavén y en el embalse de Eiras y otras inversiones en infraestructuras. «Es decir, que el balance de ingresos y gastos sale a favor de Vigo, a pesar de ser la ciudad más poblada de Galicia», señaló.

Hace falta recordar que desde 2009 Augas de Galicia ha realizado otras inversiones en Vigo, además de la EDAR, de más de 7 millones de euros, donde se incluye la tubería que conecta el sistema de abastecimiento de Vigo con la Península del Morrazo y que permite que Vigo pueda seguir vendiendo agua potable a los ayuntamientos de Cangas y Moaña, y el Plan Específico para la gestión de las inundaciones en la ARPSI Lagares Vigo, a punto de iniciarse.

Además, en los próximos años están previstos nuevas inversiones en Vigo y en su área de influencia, para mejorar la calidad de las aguas de su ría, como son la mejora del saneamiento y depuración de Teis, donde está contemplado una inversión de 1 millón de euros, o la mejora del saneamiento y depuración de Arcade, de Vilaboa y Soutomaior, con una inversión de unos 4 millones de euros.