12 septiembre, 2018
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reveló ayer martes que la Administración autonómica pedirá personarse en la causa de O Marisquiño para reclamar los 200.000 euros en costes sanitarios que se derivaron del accidente. El objetivo es que se aclaren las pertinentes responsabilidades y que esta cuantía sea asumida por quien la justicia determine culpable del siniestro.
Rueda compareció en el Parlamento gallego a petición propia para dar cuenta de los hechos acaecidos y de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el accidente del pasado 12 de agosto, y mostró su apoyo a la investigación judicial.
En su intervención, tuvo un recuerdo para los 467 heridos y mostró su apoyo, ánimo y afecto para ellos. Al mismo tiempo, agradeció la labor desarrollada por los diferentes cuerpos de seguridad y atención a las emergencias, así como la colaboración de los particulares que se acercaron al paseo, y relató que desde que entró la primera llamada en el 112 Galicia fueron movilizados SASEMAR, 061, SPEIS Vigo, Policía Nacional, Policía Local, Guardacostas, Guardia Civil, y Protección Civil de Vigo y de otros ayuntamientos limítrofes.
Segundo detalló el vicepresidente, los medios movilizados fueron 5 UVIs, 2 equipos PAC Vigo, 36 ambulancias, 3 vehículos de apoyo logístico y 3 ambulancias de Cruz Roja. Además, se instaló en la zona un puesto de mando médico, con un punto de triaje inicial para los heridos. Según la gravedad, 2 fueron rojos, 7 amarillos, 64 verdes y hubo 24 altas. Los restantes heridos acudieron por su propio pie a los centros sanitarios.
A la cabeza de la coordinación de este dispositivo sanitario estuvo durante toda la madrugada el conselleiro de Sanidad, Xesús Vázquez Almuíña, presente en el servicio de urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro junto al gerente de la EOXI de Vigo.
Al mismo tiempo, Rueda lamentó en base a la documentación conocida hasta ahora, que en O Marisquiño no haya cumplido con los deberes marcados por la Ley de Espectáculos y recordó que el Ayuntamiento de Vigo no ejerció su competencia de inspección y control sobre el evento ni concedió la licencia, que era obligatoria.
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