Más de un millar de personas piden protección para los trabajadores sociales en Badajoz

Reclaman más seguridad en Badajoz

Más de un millar de personas se congregaron en el centro de Badajoz para exigir medidas concretas que protejan a los profesionales del ámbito social. La convocatoria, impulsada por el Instituto de la Mujer de Extremadura, reunió a ciudadanos, autoridades y trabajadores del sector, todos unidos por la indignación ante el reciente asesinato de una educadora social, un hecho que ha conmocionado a la comunidad.

Durante la movilización, los asistentes reclamaron que la figura del educador social sea reconocida oficialmente como autoridad pública. Esta demanda busca no solo reforzar el respeto hacia el colectivo, sino también garantizar que cuenten con recursos y medidas de seguridad suficientes para ejercer su labor sin temor. En un entorno donde muchas veces se enfrentan a situaciones delicadas y conflictivas, la falta de respaldo institucional queda en evidencia.

Los profesionales recordaron que, más allá de este crimen puntual, la violencia que sufren quienes trabajan en el ámbito social es una realidad constante y muchas veces invisible. Agresiones verbales, amenazas y ataques físicos forman parte de un día a día que no siempre trasciende a la opinión pública, pero que afecta gravemente tanto a los trabajadores como a los usuarios de estos servicios.

Desde la organización del acto se hizo hincapié en la necesidad urgente de dotar de más medios y recursos a estos profesionales, que desempeñan un papel clave en la protección y acompañamiento de colectivos vulnerables. También se pidió un refuerzo de la formación específica en gestión de conflictos y protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.

El Instituto de la Mujer de Extremadura

Señala que la violencia contra los educadores sociales es una forma de violencia estructural que refleja desigualdades y falta de reconocimiento. Por ello, subrayaron que erradicar esta problemática requiere no solo medidas de seguridad, sino también un cambio cultural y educativo que fomente el respeto hacia quienes dedican su vida a proteger y ayudar a otros.

El compromiso para eliminar cualquier forma de violencia debe ser colectivo y permanente. En este sentido, se instó a las administraciones públicas a implementar políticas que no se limiten a las declaraciones y a destinar recursos económicos para la prevención. La educación en igualdad, el refuerzo de las plantillas y la creación de entornos laborales seguros fueron algunos de los puntos señalados como urgentes.

La concentración concluyó con un minuto de silencio en memoria de la víctima y un aplauso que buscó homenajear no solo a la profesional asesinada, sino también a todos los trabajadores sociales que, día tras día, enfrentan situaciones difíciles sin las garantías que deberían tener.