Otro pelotazo urbanístico en A Coruña salpica al marido de Pardo de Vera

El nombre de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF e imputada en la Audiencia Nacional, vuelve a ocupar titulares tras la publicación de una investigación por parte de The Objective. El diario ha revelado que el marido de la ex alto cargo del Ministerio de Transportes, Juan Manuel Álvarez,  protagonizó un nuevo pelotazo urbanístico en A Coruña a través del Grupo Arial, empresa promotora que dirige como consejero delegado.

El caso gira en torno a un ambicioso proyecto inmobiliario de 3.600 viviendas con vistas al mar y a solo 800 metros de la playa de Riazor. La licencia para esta operación fue concedida en marzo de 2024, tras más de una década de gestiones. Sin embargo, lo que ha disparado las sospechas es la coincidencia temporal con el anuncio, semanas más tarde, por parte de la alcaldesa socialista Inés Rey, de que Isabel Pardo de Vera sería la encargada de dirigir el Plan Estratégico 2030-2050 del Ayuntamiento.

Aunque Pardo de Vera nunca llegó a tomar posesión del cargo —renunció en octubre de ese mismo año alegando «controversias políticas artificiales»—, la secuencia de los hechos ha generado gran malestar entre la oposición y parte de la ciudadanía coruñesa.

Esta no es la primera vez que el marido de Pardo de Vera se ve beneficiado por operaciones inmobiliarias bajo sospecha. Ya en 2016, la empresa Promociones y Gestiones del Tambre —vinculada también a Álvarez— se hizo con dos parcelas subastadas por ADIF en Santiago de Compostela. Una fue adquirida directamente por 3,2 millones de euros, mientras que la segunda, que había quedado desierta en la puja, fue adjudicada a la misma firma en virtud del artículo 137 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Sobre esos terrenos se levantó el complejo de lujo Cornes Espacio Residencial, diseñado por los arquitectos Manuel Carbajo y Celso Barrios, los mismos que están detrás del nuevo desarrollo en Visma, La Coruña.

El nuevo Plan Estratégico de la ciudad, presentado en abril de 2024 por la alcaldesa, preveía una inversión inicial de 200.000 euros —que, según fuentes municipales citadas por The Objective, nunca llegaron a ejecutarse— y planteaba tres ejes: economía, bienestar social y ordenación urbana. Pardo de Vera iba a pilotar su desarrollo sin retribución, según el Consistorio. A pesar de ello, la decisión generó una fuerte contestación política.

La situación se agravó cuando el Partido Popular denunció en julio de 2024 un presunto conflicto de intereses debido a los vínculos de Pardo de Vera con Ginkgo Advisor, un fondo internacional que firmó un convenio con el Ayuntamiento para un proyecto residencial en As Xubias, un barrio marinero de La Coruña. El PP exigió explicaciones y apuntó que la exdirectiva habría colaborado anteriormente con dicho fondo en una operación similar en Asturias.

A raíz de la presión política y mediática, Pardo de Vera renunció también a su participación en la comisión de Coruña Marítima, encargada de la reordenación del espacio portuario. En un comunicado, lamentó “una serie de acusaciones infundadas” y negó cualquier vínculo con el proyecto de Ginkgo en A Coruña, afirmando que su colaboración con el fondo se limitó a la regeneración urbana de la Fábrica de Gas de Oviedo. Además, negó haber rechazado firmar su contrato municipal para seguir percibiendo compensaciones como ex secretaria de Estado, subrayando que había renunciado voluntariamente a esa remuneración en enero.

Este episodio se suma a los numerosos frentes judiciales abiertos que afectan a la ex presidenta de ADIF. Actualmente está imputada por supuestas adjudicaciones irregulares relacionadas con la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en dos empresas públicas. La declaración de Pardo de Vera ante el juez ha sido aplazada por segunda vez, mientras la UCO de la Guardia Civil ha revelado que la exdirectiva mantuvo comunicaciones con Koldo García para favorecer a Rodríguez.

Asimismo, el último informe de la UCO apunta que Pardo de Vera tuvo un papel “determinante” en el presunto amaño de contratos públicos por valor de 342 millones de euros, en beneficio de una trama vinculada a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Según los investigadores, la expresidenta de ADIF se apoyaba en Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, para manipular procesos de contratación en favor de determinados intereses.