19 mayo, 2025
El Gobierno español ha confirmado que catorce ciudadanos españoles se encuentran detenidos «arbitrariamente» en cárceles de Venezuela, según cifras que coinciden con las proporcionadas por la oposición venezolana en España. De estos detenidos, todos poseen doble nacionalidad, excepto dos ciudadanos vascos arrestados hace casi un año en medio de un conflicto diplomático entre ambos países.
Uno de los casos más llamativos es el de Fernando Noya, detenido el 5 de mayo de 2020. Su hermana Verónica, residente en España desde hace seis años, asegura que las familias de los presos españoles se sienten «totalmente desamparadas» por parte del Gobierno. Verónica, cuyo esposo -militar venezolano- también se encuentra encarcelado y enfrenta una pena de casi 30 años, lamenta que ninguna autoridad se haya puesto en contacto con ellos para interesarse por la situación de estos «presos políticos».
«Nadie nos ha informado sobre el estado legal de nuestros familiares. Nos sentimos abandonados», declara Verónica. Además, reclama al Ejecutivo español que exija al régimen de Nicolás Maduro la liberación inmediata de estas personas y que se solidarice también con el resto de presos políticos venezolanos, exigiendo justicia e imparcialidad.
Tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) han mostrado su preocupación por la situación de estos detenidos, aunque difieren en su enfoque sobre la crisis venezolana. Íñigo Fernández, portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, critica al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por «no tener el control de la agenda venezolana», acusando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de «blanquear» la figura de Maduro.
Por otro lado, el PNV también ha denunciado el carácter «represivo» del régimen chavista, especialmente tras las elecciones del 28 de julio, donde Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor frente al opositor Edmundo González, exiliado en España. Según Luke Uribe-Etxebarria, portavoz del PNV, el Gobierno ha asegurado que está haciendo un seguimiento de los casos, aunque admite que el hermetismo del régimen venezolano dificulta la obtención de información fiable.
Los dos ciudadanos vascos fueron detenidos el 14 de septiembre de 2024 y el Gobierno venezolano los acusa de estar involucrados en un supuesto complot para llevar a cabo actos terroristas, incluido el intento de asesinato de Maduro. Las acusaciones han sido tachadas de «infundadas» por los familiares y representantes políticos, que exigen transparencia y un proceso judicial justo.
Mientras tanto, la comunidad internacional, incluida España, sigue reconociendo a Edmundo González como legítimo presidente electo, aunque el Ejecutivo español aún no lo ha formalizado oficialmente.
El clamor popular crece en torno a la exigencia de acciones más firmes por parte del Gobierno español para proteger a sus ciudadanos detenidos en Venezuela. Las familias y representantes políticos piden una postura clara y una intervención diplomática que garantice el respeto a los derechos humanos y la liberación inmediata de los presos.
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