13 marzo, 2025
El número de ciudadanos españoles en el extranjero está a punto de experimentar un crecimiento sin precedentes gracias a la Ley de Memoria Democrática, que permite a los descendientes de emigrantes obtener la nacionalidad. El plazo para demostrar el vínculo con España concluye el 21 de octubre, aunque quienes se hayan registrado previamente en embajadas y consulados podrán completar el trámite más adelante.
Hasta el momento, ya se han concedido 200.000 pasaportes a nietos de aquellos que emigraron por razones políticas, económicas o laborales. Sin embargo, esta cifra es solo el inicio de una oleada de nuevos ciudadanos españoles.
Según datos del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), alrededor de 650.000 personas se han inscrito en Buenos Aires para solicitar la nacionalidad, junto con 300.000 en Cuba, 70.000 en Mendoza y otro tanto en Rosario. En total, solo estos cuatro focos concentran más de un millón de solicitudes, a las que se suman peticiones desde México, Venezuela y otros países.
¿Quiénes pueden beneficiarse?
La Ley de Memoria Democrática otorga el derecho de nacionalidad no solo a los nietos de españoles emigrados, sino también a sus hijos. De este modo, la ciudadanía española podrá transmitirse a nuevas generaciones siempre que estos confirmen su deseo de mantenerla al cumplir la mayoría de edad.
“El volumen de solicitudes es impresionante, y al finalizar el proceso, podríamos sumar entre 1,5 y 2 millones de nuevos españoles”, estima Juan Manuel de Hoz, portavoz de CeDEU. Destaca además que esta ley es una de las más inclusivas de Europa, incluso más amplia que las de Portugal e Italia.
Para iniciar el trámite, los solicitantes deben contar con la partida de nacimiento del familiar emigrado y con documentación oficial que acredite el linaje. Algunos consulados exigen que los documentos estén apostillados, por lo que es recomendable verificar los requisitos de cada oficina diplomática.
Uno de los mayores obstáculos lo enfrentan quienes intentan acreditar lazos con ancestros nacidos antes de 1871, cuando se instauró el registro civil. En estos casos, es necesario recurrir a partidas de bautismo o documentos alternativos, lo cual puede complicar el proceso. Además, la destrucción de archivos por incendios, inundaciones o conflictos bélicos también dificulta la obtención de pruebas documentales.
En Cuba, segundo país con más solicitudes, se añade la dificultad de no estar adherido al Convenio de La Haya, lo que obliga a un proceso especial de legalización de documentos. No obstante, desde CeDEU confían en que la digitalización de registros facilitará los trámites.
La mayoría de los solicitantes tienen entre 18 y 50 años, lo que rejuvenecerá automáticamente el censo de votantes residentes en el extranjero. Al obtener la nacionalidad española, tendrán derecho a participar en elecciones generales y autonómicas, aunque no en municipales.
“Habrá un incremento significativo del voto desde el exterior”, anticipa De Hoz, quien también advierte sobre la falta de actualización de los censos electorales, con muchos fallecidos que aún figuran como electores.
Obtener la nacionalidad española también abre las puertas a residir legalmente en España y en cualquier país de la Unión Europea. Además, permite acceder a servicios bancarios, trasladar capitales al país y, en casos específicos, recibir asistencia médica o ayudas extraordinarias.
Con un millón de solicitudes en curso y previsiones de que la cifra siga en aumento, la nacionalidad española se consolida como un vínculo clave entre España y su extensa diáspora.
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