Retrasos, presiones y un calendario al límite: la promesa de menos horas laborales se enfría

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La ambiciosa propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, considerada como una de las medidas estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, podría no cumplir los plazos inicialmente anunciados. Aunque el objetivo oficial sigue siendo su entrada en vigor en 2025, fuentes del diálogo social reconocen ya que los tiempos legislativos y la complejidad del proceso podrían posponer su aplicación hasta 2026.

El acuerdo alcanzado en diciembre entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT fijaba como fecha límite el 31 de diciembre de 2025 para que empresas y representantes de los trabajadores adaptaran sus convenios a la nueva normativa. No obstante, los retrasos en la tramitación del proyecto legislativo —que aún debe pasar por segunda vuelta en el Consejo de Ministros— dificultan el cumplimiento de este calendario.

A pesar de que Trabajo asegura que el proceso no se está demorando más de lo habitual, lo cierto es que el texto aún no ha llegado al Congreso de los Diputados. Inicialmente, el Ministerio estimaba que el proyecto se remitiría a la Cámara Baja a finales de febrero o principios de marzo, pero otras voces del Ejecutivo, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntaban ya entonces a abril o mayo como fechas más probables.

Negociaciones complejas y nuevos ajustes

El retraso no se debe solo al calendario parlamentario. El dictamen del Consejo Económico y Social (CES) ha obligado a introducir ajustes técnicos que han alargado el proceso. Aunque Trabajo descarta modificar el plazo acordado con los sindicatos, sí se contempla la introducción de un régimen transitorio para aquellos sectores sin convenio colectivo vigente.

Además, la posibilidad de que Junts condicione su apoyo a modificaciones en el calendario o a medidas complementarias para pymes añade una nueva dimensión política a la negociación. Patronales catalanas como Foment del Treball o Pimec han expresado su rechazo a una reducción horaria impuesta por ley, argumentando que invade el terreno de la negociación colectiva y afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Este posicionamiento podría influir en el voto de los diputados del grupo de Carles Puigdemont, clave para la mayoría parlamentaria.

Un proceso legislativo que podría alargarse hasta final de año

Una vez llegue al Congreso, la tramitación del proyecto de ley implicará un recorrido parlamentario que, en el mejor de los casos, podría extenderse durante varios meses. Tras la presentación del texto, los grupos dispondrán de 15 días para presentar enmiendas o vetos. Posteriormente, la norma será analizada por la Comisión de Trabajo y, tras el debate de las enmiendas, se elaborará un dictamen que deberá ser aprobado por el Pleno y remitido al Senado.

La Cámara Alta dispone de un plazo de dos meses para debatir, modificar o vetar la ley, lo que implicaría una nueva vuelta al Congreso antes de su aprobación definitiva. Teniendo en cuenta que durante los meses de julio y agosto no hay actividad parlamentaria ordinaria, las estimaciones más realistas sitúan la aprobación final en el último trimestre del año.

La presión política crece sobre el PP y Junts

En este contexto, Yolanda Díaz trata de consolidar apoyos en el Congreso, mientras intenta trasladar parte de la responsabilidad al Partido Popular, al que acusa de haber cambiado su postura respecto a la reforma laboral. Aunque los populares se abstuvieron en una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a reducir la jornada, su cercanía a las patronales hace prever que votarán en contra cuando la propuesta se someta a votación.

Entretanto, el diálogo con Junts se presenta como una pieza clave para desbloquear la tramitación. Las negociaciones ya han comenzado y podrían incluir cesiones cruzadas en otras materias para garantizar su respaldo.

Lo cierto es que, a pesar de ser uno de los principales compromisos del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, la reducción de la jornada laboral aún tiene por delante un largo y complejo recorrido antes de convertirse en realidad. Mientras tanto, las dudas crecen entre los agentes sociales sobre si esta medida podrá ponerse en marcha en enero de 2026, tal y como aspira el Ejecutivo.