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La Xunta de Galicia traslada su satisfacción por el hecho de que los ayuntamientos gallegos recurran a los instrumentos de ordenación urbanística provisional -creados por ley autonómica- como una solución a sus planeamientos municipales anulados por sentencia, como el de Vigo

La directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, y el delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, mantuvieron una reunión este lunes para analizar la situación concreta del ayuntamiento de Vigo, uno de los principales beneficiarios de las ordenaciones provisionales aprobadas por el Parlamento gallego a propuesta de la Xunta de Galicia, tras conocerse la anulación del su PGOM por parte del Tribunal Supremo en noviembre de 2015.

Recordó que en una primera instancia se trabajó en la aprobación de la Ley 3/2016, de 1 de marzo, de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés, para aportar una solución a proyectos de especial interés llevados a cabo por las administraciones, como la ampliación de la Zona Franca o la ampliación de Ifevi o la estación intermodal.

El siguiente paso fue la aprobación de la Ley de medidas provisionales de ordenación urbanística, una solución legal y amparada jurídicamente para permitir que determinadas zonas de la ciudad puedan seguir evolucionando, por lo que esta ordenación provisional garantizaría el desarrollo económico de las iniciativas de los pequeños empresarios y de los particulares.

No obstante, la directora xeral aclaró que «tal y como indica su nombre» estamos ante un instrumento provisional o temporal, que en su propia naturaleza se señala que su aprobación no puede producirse antes que el ayuntamiento contrate el nuevo plan general de ordenación municipal, que al fin y a la postre de un año se presente un borrador, en el año siguiente se consiga la aprobación inicial y año y medio después se apruebe provisionalmente y se remita a la Xunta; es decir, que se blinda un plazo de tres años y medio para garantizar que dicha medida sea un instrumento provisional o temporal y no se convierta en una medida definitiva .

En este sentido, solicitó voluntad política al ayuntamiento de Vigo para avanzar en la elaboración del plan general de ordenación municipal y poder desarrollar dicha ordenación provisional en suelo urbano y núcleos rurales y -en una segunda fase- al ámbito de Recarei, tal y como ha iniciado el propio ayuntamiento de Vigo.

Rivas Díaz destacó que el urbanismo es una competencia municipal y el instrumento que tienen los ayuntamientos para el desarrollo con seguridad y garantías es el propio plan general de ordenación municipal.

Señaló que la Xunta ha dado muestras de la voluntad de colaboración con los ayuntamientos gallegos para dotarlos de plan general adaptado a la ley del suelo, y especialmente en el caso de Vigo; gestos que se resumen en el convenio de colaboración firmado para financiar el 50% del coste de la redacción de un plan general de ordenación municipal.

Recordó que -tal y como recoge la norma de financiación aplicable a los convenios para la redacción de planeamiento de las grandes ciudades, con población superior a 50.000 habitantes-, establece una porcentaje para la colaboración económica por parte de la Xunta, de un 50% del presupuesto de adjudicación.