RTVE y RTVG, distintos perros con los mismos collares

La vuelta de tuerca que muy cercana a la asfixia total intentó Pedro Sánchez con el ya muy sumiso a sus intereses diario El País, hasta el punto de provocar la airada reacción del líder de Prisa, Oughourlian, al recordar públicamente al presidente que su comportamiento tenía manifiestas concomitancias con viejas prácticas franquistas -y que, por cierto, tan mal sentó en La Moncloa-, no era sino la última de las demostraciones del Ejecutivo que preside de amordazar a los medios de comunicación españoles.

Un manifiesto intervencionismo desplegado no solo, como es el caso, en la nunca debidamente satisfecha saciedad que de continuo le prestan los conocidos como medios de opinión sincronizada -los que actúan cada día repitiendo las consignas emanadas de La Moncloa sin el menor recato autocrítico- sino especialmente aquellos que son considerados como hostiles para el presidente Sánchez por la sencilla razón de tratar de ejercer su derecho a la libertad de expresión desde el rigor periodístico, la crítica fundamentada y el servicio a la verdad. Pues a todos estos, calificados por el aparato monclovita como integrantes de una supuesta fachosfera, es a los que la ira presidencial persigue con especial ahínco. Hasta el punto de arbitrar los necesarios subterfugios legales para la implantación de una censura previa que, efectivamente, ni en tiempos de Franco y que no persiguen otra cosa que la conculcación de los derechos que consagra el Artículo 20 de nuestra Constitución.

Como en su mal lleva la penitencia, no se percató el Gobierno que en la exigencia de que cada medio de comunicación explicite sus fuentes de financiación se estaba disparando en el pie al obligarse a que esos mismos medios de la opinión sincronizada tengan que revelar las generosas aportaciones económicas que para su subsistencia realiza el propio Ejecutivo. Con lo que se descubrirá el truco, ahora mismo tan bien tapado, de hasta donde llegan las alcantarillas monclovitas y cuánto cuestan a los españoles.

Queda, para defensa del buen periodismo patrio, que también lo hay aunque escasee, el referido artículo 20 y una amplísima jurisprudencia de muy sensatas y argumentadas sentencias de las más altas esferas judiciales amparando el citado derecho a la libertad de expresión. Por ahí estamos salvados, periodistas y sociedad, a expensas de lo que decida el Constitucional, demasiado acostumbrado últimamente a enfangarse la toga en los lodos de la corrupción gubernamental. Tanto, que su presidente, Conde Pumpido, mandó ya a algunos de sus vocales a sondear la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda imputarle, según publicó algún medio no precisamente afecto al Gobierno. Es decir, la podredumbre que el personaje shakespeariano de Marcelo señala al propio Hamlet referida al estado de Dinamarca empieza a cobrar fuerza también en la España sanchista. Y Pumpido, claro, tiene miedo.

Otro y no menor frente en el objetivo gubernamental de controlar la información lo constituye el Real Decreto-ley 5/2024, aprobado por el Gobierno en octubre pasado para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, para lo que ya no se precisarán los dos tercios sino que, en segunda vuelta, basta con mayoría simple. Es decir, la mitad más uno. Real decreto aprobado por el Congreso en la aciaga sesión del día siguiente a la DANA valenciana y que contó con la oposición del BNG y la ausencia de la sala de PP y de Vox, por entender que la sesión debiera ser suspendida, como lo fue la previa del control al Gobierno de ese mismo día.

«El objetivo es superar la situación de bloqueo institucional y provisionalidad de una compañía de la importancia de RTVE», destacó en su momento el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. En su opinión, con esta medida, el nuevo Consejo de Administración de RTVE será «el más plural de la historia».

El PP, por su parte, había argumentado en contra del Real-Decreto por medio de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, para quien «Teniendo en cuenta la política del Gobierno con respecto a la toma de las instituciones, todo parece indicar que van a por una más y que lo que quieren es el control absoluto de Radiotelevisión Española a través de ese decreto».

Es, sin duda, de elogiar esta actitud de los populares en defensa de una mayor pluralidad informativa que, a la vista está tras la aprobación del decreto, sigue sufriendo continuos revolcones en TVE. Tanto en la continuidad de la sesgada e infumable línea informativa como en ese nuevo paso hacia el más rancio populismo, con la próxima incorporación del equipo de opinadores de Sálvame, con Belén Esteban al frente, en lo que es todo un alarde de la sopesada y exquisita divulgación cultural que se le presume a un televisión pública que pagamos todos ¿No?.

Pero como la fiesta de los intereses partidistas va por barrios y, cuando se trata de su conveniencia, es pura entelequia pedirles un mínimo de coherencia, lo que en el Congreso de los Diputado era para el PP “control absoluto de TVE”, en el Parlamento Gallego y respeto de la CRTVG, con la -aprobada días atrás- ley que reduce también a mayoría simple -en segunda vuelta- la elección del Consejo de Administración es, en palabras del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, «adaptarse aos novos tempos» o, para la diputada de la formación que defendió el proyecto de ley, Carmen Pomar, cómo los medios públicos en Galicia podrán adaptarse al nuevo «panorama digital» e incorporar «contenido de calidad», al tiempo que se mantendrá «la promoción y la difusión de la lengua gallega» mientras dota a los medios de «pluralidad, objetividad y profesionalidad”. Ni Óscar López lo mejoraría.

Eso sí, lo que para el PSOE en Madrid era blanco, para el PSdeG, a través de la diputada Silvia Longueira, es una ley «a medida» del partido en el gobierno y no de la ciudadanía, ya que los medios públicos estarán regidos por una norma que obvia «los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad». Y es que, añadió, a los populares no les interesa una televisión pública profesional y «solo quieren una televisión pública sumisa» para lo que han llevado a cabo «el caso de cambalache más flagrante de nuestro país».

Por su parte, la diputada del BNG Olalla Rodil ha mostrado su rechazo a la norma porque considera que lo único que busca es «darle el mando de la tele al PP» mediante unas nuevas directrices que significan «más control» para convertir la CRTVG «en su terminal de propaganda» en argumentación parecida a la defendida en el Congreso por su diputado Néstor Rego. Para el BNG, por una vez y sin que sirva de precedente, era mala la de TVE y también la de TVG. Por eso se opuso en Madrid y en Santiago. ¡Que cunda el ejemplo!

Hace ya veinte años que Umberto Eco hablaba de que las nuevas dictaduras serán más mediáticas que políticas y añadía que “una televisión controlada por el poder no debe necesariamente censurar las noticas” porque “se puede instaurar un régimen mediático en positivo con la apariencia de decirlo todo. Basta saber cómo decirlo”, lo que se logra, concretaba el semiólogo italiano, a través de lo que llámaba “concesión”. Basta dar la palabra en primer lugar a la oposición, con todas sus argumentaciones, para, a continuación, dar paso a los partidarios del gobierno que objetan aquellas objeciones. “El resultado persuasivo se da por descontado: tiene razón quien habla el último”. ¿Les suena? Pues se da a diario ante nuestras narices. Porque, concluía Eco, “a un régimen mediático no le hace falta meter en la cárcel a sus opositores. Los reduce al silencio, más que con la censura, dejando oír sus razones en primer lugar”.

Y aún quedan ingenuos que se preguntan por la creciente e imparable desafección de la ciudadanía patria respeto de sus políticos.