Sanidade confirma el nuevo acuerdo con Povisa: entrará en vigor en abril por 195 millones de euros

Sanidade sella un nuevo pacto con Povisa: 195 millones de euros y mejoras en la atención sanitaria en Vigo

Tras un extenso proceso de negociación que se prolongó por más de dos meses y estuvo marcado por aplazamientos debido a múltiples solicitudes de aclaraciones por parte de la empresa, la Xunta de Galicia ha despejado finalmente la incertidumbre sobre el futuro de la atención hospitalaria en el área sanitaria de Vigo. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, confirmó este miércoles que la firma del nuevo contrato con Ribera Povisa, valorado en 195 millones de euros y con vigencia hasta marzo de 2027, es inminente.

El acuerdo, que entrará en vigor en abril, se presentó durante un debate parlamentario en el que Gómez Caamaño subrayó que este pacto traerá «mejoras sustanciales» tanto para los pacientes como para los trabajadores del hospital y la propia administración. En este sentido, destacó que los usuarios del sistema de salud gozarán de «las máximas garantías», con acceso optimizado a los servicios asistenciales y la posibilidad de elegir libremente.

Por otro lado, el nuevo contrato exige que Povisa aplique los incrementos salariales estipulados en el convenio colectivo, incluyendo una subida del 3 % este año para su plantilla. Sin embargo, representantes sindicales han expresado inquietud ante la falta de detalles sobre el impacto laboral del acuerdo, especialmente en lo referente a la mejora de sus condiciones.

A pesar de la confirmación de la puesta en marcha del contrato en abril, la Consellería de Sanidade no ha especificado una fecha exacta. Uno de los puntos clave del acuerdo es la implementación progresiva del acceso al sistema Ianus, la base de datos del historial clínico de los pacientes, lo que implicará una serie de ajustes tecnológicos dentro del hospital.

Otra novedad relevante es que la Xunta cambiará el modelo de financiación de Povisa, pasando de un sistema per cápita a un pago basado en los procedimientos médicos efectivamente realizados. Además, el centro sanitario estará obligado a destinar al menos tres millones de euros anuales en mejoras de infraestructuras y atención médica.

En la sesión parlamentaria, la diputada del BNG Montse Prado acusó al conselleiro de falta de transparencia en la negociación y criticó que la administración gallega esté permitiendo lo que calificó como un “chantaje permanente” por parte de la clínica, cuyo contrato original venció en agosto de 2022 y ha sido prorrogado hasta ahora.