Spain is different

Es difícil encontrar en una democracia una situación como la que está viviendo en España durante el proceso contra su Fiscal General. No voy a analizar los pormenores del juicio, tiempo habrá, así como de analizar la sentencia una vez que esta sea publicada, puesto que de momento sólo conocemos el fallo condenatorio. Quien estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado ha gozado de un proceso con todas las garantías que son propias en los procesos judiciales de países democráticos. Ha sido defendido por la Abogacía del Estado (por partida doble) y, paradójicamente, por la propia Fiscalía, que en lugar de cumplir el deber constitucional que tiene atribuido (ser garante de la legalidad) ha ejercido de abogado(a) defensor(a) del propio acusado, dando todo ello lugar a una situación absolutamente insólita puesto que, en cualquier país democrático del mundo, el Fiscal General del Estado no habría llegado a juicio en el ejercicio del cargo.

Sin embargo, y a pesar de contar con todas las garantías jurídicas, no han cesado las voces de miembros del Gobierno, de la Fiscalía (sector “Fiscales contra la democracia”), de partidos que apoyan al Gobierno, partidos separatistas, etc., que han acusado al TS de haber hecho una sentencia política, de haber practicado una condena sin pruebas (esto es especialmente grave), de golpismo judicial, etc., y ello con el objetivo de tratar de dinamitar la credibilidad del poder judicial, intimidarlo y enseñarle a los jueces que tengan mucho cuidado con el poder político de izquierdas, que a fuerza de estar detentado por ignorantes, los daños que les puede hacer son inmensos.

Se está creando, con el uso de los medios de comunicación públicos y privados, un “ambiente” irrespirable para los jueces que dicten sentencias que contradigan al poder político (al poder sanchista). El ambiente es increíble: no sólo les están acusando de prevaricadores, sino que es ya la propia televisión sanchista (antes Televisión Española) la que encabeza el ataque. Los informativos se han integrado en el equipo de defensa del Fiscal General y, en sus telediarios, solo ponen cortes de intervenciones que favorecen al Fiscal General y entrevistan a todo el que muestre una posición favorable a su absolución. Por supuesto, siguen sin dejar de repetir lo malo que era el novio de Díaz Ayuso y, si para ello hay que vulnerar algunos de sus derechos fundamentales, este es un detalle que carece de la menor importancia.

El hecho de que cualquier ciudadano español vea vulnerado su derecho a la defensa por un fiscal para favorecer un ataque político (en este caso a Díaz Ayuso, pero no lo olvidemos, puede ser cualquiera y por cualquier causa) les tiene completamente sin cuidado; sus cuatro eslóganes ideológicos no alcanzan para entender que existen derechos fundamentales que son inviolables, que son espacios de libertad que defienden al individuo frente al poder político y que nadie los puede pisotear. Siguen pensando que toda la actividad del individuo puede ser intervenida por el Estado cuando a éste le interese. Hoy ha sido la Sra. Ayuso; mañana será cualquier ciudadano que se oponga a una decisión de un concejal, un alcalde o cualquier cargo político. La utilización del poder sin freno es una característica del socialismo (totalitario y no totalitario), y así se ha demostrado todavía en fechas muy recientes con la inconcebible vulneración de la intimidad y de la libertad de conciencia que suponen las listas negras de médicos que se declaren objetores a la práctica del aborto.

Y no podían faltar en esta coral contra la libertad Baltasar Garzón y Dolores Delgado, dos de las voces más potentes del totalitarismo patrio que siempre están dispuestos a apuntarse a cualquier lío que pueda suponer publicidad gratis y buenos honorarios. Un individuo al que el Tribunal Supremo le dictó una sentencia enormemente comprensiva en cuanto a la pena (por grabar conversaciones entre abogados y clientes) y pasó por alto aquellas peticiones de dinero (“Querido Emilio”) a un banquero sobre el que, solo unos meses más tarde, en el juzgado del que era titular, archivó una querella sin abstenerse, a pesar de la manifiesta colisión de intereses.

Vivimos en un Estado pretotalitario del que no saldremos si no es con lucha ideológica y democrática, en la calle, en el trabajo y en asociaciones cívicas de todo tipo. La sombra del totalitarismo está avanzando y quienes se ocultan en medio son los que más gritan sobre los peligros de la derecha y la ultraderecha con el fin, claro está, de justificar sus fechorías presentes y futuras.

Lo he dicho en otras ocasiones: o peleamos por la democracia o la peor izquierda de Europa se la cargará y nadie llorará por nosotros. Hemos de estar preparados para los recortes que se avecinan a nuestras libertades. La izquierda ya lo está haciendo: la increíble apelación del Jefe del Ejecutivo al Presidente del Tribunal Constitucional para que esté atento y vaya preparando la sentencia que corrija el fallo del TS es de una obscenidad y de una falta de formación democrática que, si no fuera porque no es la primera vez, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Casualidades de la vida, pero el antes citado Sr. Garzón fue condenado por escuchar las conversaciones secretas entre abogado y cliente; el Fiscal General lo ha sido por revelar datos que deberían permanecer secretos. Tanto afán por espiar, no lo olviden, es también otro síntoma de que nos vamos acercando a una autocracia más rápido de lo que algunos creen.

Y aún hay alguien que duda, querido D. Manuel, de que “Spain is different”.