Tensión por la DANA: ex altos cargos piden archivar la causa y acusan de persecución injusta

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Exconsellera Pradas y el exsecretario Argüeso piden archivar la causa DANA y denuncian persecución

La DANA, fenómeno meteorológico extremo que azotó la Comunidad Valenciana en septiembre de 2019, dejó a su paso graves daños materiales, afectando viviendas, infraestructuras y cobrando vidas. Aquella emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta institucional y abrió un debate sobre la gestión política ante catástrofes naturales. La Comunidad Valenciana, con una gran densidad poblacional en zonas costeras y una infraestructura vulnerable, ha estado históricamente expuesta a este tipo de episodios, que impactan tanto en la economía regional como en la vida diaria de miles de ciudadanos.

La defensa de Pradas: sentirse «cabeza de turco»

La exconsellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, ha solicitado el archivo de la causa abierta en su contra. En su escrito al juez, Pradas argumenta ser la “cabeza de turco” de un proceso que considera injusto y pide que el asunto se traslade al contencioso-administrativo, al entender que no hay base penal suficiente. La exconsellera denuncia que se ha convertido en el rostro visible de una responsabilidad compartida y cuestiona la falta de rigor con la que, según ella, se ha llevado adelante la investigación.

La postura de Emilio Argüeso

A esta ofensiva se ha sumado el exsecretario autonómico de Seguridad, Emilio Argüeso, quien también ha presentado un recurso para frenar su citación como investigado. Argüeso sostiene que el auto carece de fundamentos sólidos y subraya que su actuación siempre se ajustó a los protocolos establecidos en la gestión de emergencias. Ambos ex altos cargos buscan frenar un proceso que consideran desproporcionado y que, según indican sus entornos, responde más a la presión mediática que a hechos jurídicamente probados.

¿Qué está en juego?

La apertura de esta causa ha puesto en tensión a las instituciones valencianas. La defensa de Pradas y Argüeso no solo es un intento de evitar el desgaste personal y político, sino que plantea un debate de fondo sobre cómo se juzgan las actuaciones políticas en situaciones límite. Para los afectados por la DANA, la exigencia de responsabilidades sigue siendo un clamor, mientras que desde las esferas políticas se reclama prudencia y respeto a los procedimientos.

Las pérdidas humanas y materiales que dejó la DANA siguen presentes en la memoria colectiva. Las responsabilidades se debaten ahora en los tribunales, pero el verdadero juicio también se juega en la percepción pública. La política no puede ser el refugio de la impunidad, pero tampoco el escenario de linchamientos sin pruebas. La justicia decidirá, pero la sociedad ya observa. Y no olvida.