
17 diciembre, 2024
El empresario Víctor de Aldama volvió este lunes a cargar contra altos cargos del Gobierno durante su declaración en el Tribunal Supremo. En su comparecencia, no solo ratificó sus acusaciones previas, sino que presentó nuevas pruebas, incluidas conversaciones de WhatsApp que implican el supuesto reparto de contratos de obra pública mediante comisiones ilegales.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Aldama entregó al juez mensajes intercambiados con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, en los que aparecen anotaciones manuscritas detallando el supuesto reparto de licitaciones públicas. Uno de los mensajes, fechado el 28 de mayo de 2019, incluye una fotografía de un documento que señalaría las obras sujetas al pago de comisiones.
El empresario también ratificó las pruebas ya aportadas el pasado 4 de diciembre, como un listado de contratos millonarios de obras públicas que, asegura, fueron adjudicados irregularmente.
Aldama acusó nuevamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a otros altos cargos del PSOE de recibir comisiones en efectivo y otros beneficios. Entre sus declaraciones, destacó:
Entrega de 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Pago de 25.000 euros al jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, para facilitar un aplazamiento en una deuda de su empresa.
Alquiler de un piso en Atocha destinado a encuentros en los que, supuestamente, participaba el ministro Víctor Torres.
Firma de un contrato inmobiliario junto a Ábalos para adquirir una vivienda de lujo en el Paseo de la Castellana, valorada en dos millones de euros, que habría servido como garantía para favorecer contratos de la trama.
Además, Aldama desmintió las declaraciones de Ábalos, quien afirmó que apenas conocía al empresario y atribuyó toda responsabilidad a su asesor, Koldo García.
El periódico El Confidencial publicó una fotografía que muestra a Aldama reunido el 29 de marzo de 2019 con Ábalos en la sede socialista de Ferraz. Según las informaciones, en la reunión participaron enviados diplomáticos de Juan Guaidó, entonces presidente interino de Venezuela.
Aldama llegó al Tribunal Supremo alrededor de las 9:30, acompañado por su abogado, José Antonio Choclán, y Daniel Esteve, líder de Desokupa. Evitó realizar declaraciones a la prensa.
En el marco de la sesión, el magistrado limitó el acceso a las acusaciones populares. El PP, que lidera la causa, tuvo acceso completo al interrogatorio, mientras que otras seis partes, incluida Vox, quedaron excluidas de la sala.
Las nuevas pruebas presentadas por Aldama y su insistencia en señalar presuntas irregularidades abren un nuevo capítulo en una trama que apunta a prácticas ilícitas en la gestión de obras públicas.
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