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Vigo concentra el 50 por ciento de los perceptores de la Renta de Inclusión Social (Risga) de la provincia de Pontevedra, con un total de 14.652 beneficiarios en nómina según los datos correspondientes a los seis primeros meses del año. El importe destinado por la Administración autonómica a esta prestación y a las Ayudas de Inclusión Social en la ciudad asciende en este período a 6.305.122 euros. Cifra, esta última, a la que habría que sumar los 333.563 euros que se destinan a las Ayudas de Inclusión Social (AIS), con un total de 450 concedidas entre enero y junio.

Atendiendo a este mismo período, en el conjunto del área territorial de Vigo la cuantía asciende a más de 7,8 millones (18.213 beneficiarios en nómina) en el caso de la Risga y la 423.339 euros en el caso del AIS, con 564 concesiones.

Hace falta recordar que pese a que la ciudad de Vigo representa una tercera parte de la población de la provincia absorbe cerca de cinco de cada diez euros destinados por la Consellería de Política Social a la Renta autonómica de Inclusión Social.

En cuanto a los tiempos de tramitación, la Xunta sigue agilizando al máximo los plazos de resolución de esta prestación, en cuya tramitación intervienen los solicitantes, los ayuntamientos y, por último, la Xunta, tal y como destacó ayer en rueda de prensa el delegado territorial Ignacio López-Chaves. En este sentido, hace falta destacar que Vigo es el ayuntamiento del área que más tarda en enviar los expedientes de la Risga a la Administración autonómica, superando los cuatro meses y medio. «Hay expedientes que tardan hasta 10 meses», aseguró.

En este sentido, el representante autonómico aprovechó para reclamar al Ayuntamiento vigués mayor agilidad con la tramitación de los expedientes y poner en valor el refuerzo de personal para los Servicios Sociales aprobado en el marco del Plan Concertado 2017, en el que resultó beneficiado con 11 trabajadores más. Un incremento que, lamentó, «no se está notando en positivo, atendiendo a los elevados tiempos de espera medios que se están registrando».

«Vemos con preocupación el retraso que acumula», dijo, para acentuar que «Mos, con menos presupuesto y personal, tramita siete veces más rápido los expedientes». López-Chaves, quien recordó que el 80% de los perceptores de la Risga en el área territorial son vigueses, insistió en «que la política social en este ámbito debe ser una prioridad para el Ayuntamiento.“Esta tardanza, de más de 135 días entre la fecha de solicitud al Ayuntamiento y la de registro de entrada en la Xunta , no se puede dar por válida, ya que los principales perjudicados son los vecinos y vecinas de Vigo», opinó.

En cuanto a la Administración autonómica, sigue bajando los tiempos de resolución respecto a los dos meses que marca la normativa. En el caso de Vigo, hasta los 24 días desde que entra la solicitud en la jefatura territorial de Política Social.