Yolanda Díaz, de buscar pellets en Galicia a amenazar a empresarios en Valencia

El envés de la noticia // Xoán del Río

A medida que los días y la desesperación se suceden en el ánimo de ciudadanos y voluntarios, solos ante la inmensa catástrofe de víctimas de Valencia sin que sus reiteradas llamadas de auxilio se vean correspondidas por unas autoridades incapaces de articular la más elemental de las estrategias organizativas, crece en el resto de la opinión pública española la indignación por el torticero uso que la clase política en general y el Gobierno de Pedro Sánchez en particular están haciendo de la tragedia que asombra al mundo.

Pretendidamente inmunes a esa generalizada opinión pública -que hasta ese grado de egolatría se ha llegado en el Consejo de Ministros- y luego de haber mostrado en sus palabras y comportamientos la más evidente carencia de principios éticos o morales-Sánchez, Marlaska, Robles, Puente o el diputado socialista valenciano Vicente Manuel Sarrià, ya citado aquí- reinciden en su envalentonada bravuconería negadora de las evidencias sin que por ningún lado se vea el mínimo atisbo de una reconsideración crítica de sus propios comportamientos.

Porque ahora mismo desde el Gobierno, como se refleja en una mirada atenta a los más variados medios de comunicación españoles, las preocupaciones gubernamentales por lo acontecido en Valencia se centran en la denuncia judicial contra quienes zarandearon el coche del presidente, por la negociación -frustrada por el presidente valenciano- de hacer un comunicado conjunto de condena contra la violencia “de extrema derecha” en una visita de la que no se informó hasta minutos antes de su comienzo -lo que hace imposible cualquier protesta organizada-, por imponer al jefe de la UME el “conveniente” relato de la prontitud en acudir al desastre o, en el colmo de la desvergüenza, desplegar a los efectivos de la Policía Nacional con unas dietas de 77 euros por día, de los que 60 se van en alojamiento y desayuno, quedando los 17 restantes para comida y cena.

Como la conmiseración por la desgracia ajena tampoco es virtud que adorne al Ejecutivo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder de la formación coaligada con el PSOE, se persona en el lugar de los hechos a los seis días de su inicio. Y lo hace para dejar una vez más muestra de su sectarismo recalcitrante amenazando con acentuar las inspecciones de trabajo contra las empresas por supuestos abusos de los trabajadores, eso sí, sin aludir a ninguna empresa concreta como sería su obligación, caso de existir fraude laboral.

Olvida la vicepresidenta y alguien debiera recordárselo por si alguna esperanza hubiera de que entrara en su obnubilado cerebro que esas empresas a las que por toda conmiseración amenaza con la Inspección del Trabajo, también perdieron parte o la totalidad de sus enseres y que aquellos que fueron salvando de la ruina -tractores, grúas, camiones…- son los que llevan seis días puestos a disposición de vecinos y voluntarios desinteresadamente para realizar las tareas de desescombro y búsqueda de víctimas, tareas de las que el Gobierno al que pertenece hizo dejación.

Eso sí, cuando unos pocos pellets -¿quién se acuerda ya de ello?- llegaron a las costas gallegas y en razón de unos inminentes comicios, se apresuró a aproximarse a un arenal, ampliamente pertrechada de varias cámaras de televisión, para escenificar su “indignación” contra el actuar de la Xunta.

Pues ni entonces aprendió la lección que le dieron los gallegos al dejar a su formación fuera del Parlamento autonómico. Porque lo que natura non dat, Santiago -donde se licenció en Derecho- non praestat–