Presentación de la segunda edición de las ayudas destinadas a los colectivos de la ría de Pontevedra

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso en valor hoy las ayudas destinadas a colectivos y asociaciones de Pontevedra, Marín y Poio incluidas en el Pacto Ambiental que la Xunta firmó con la empresa Ence.

Rueda destacó su importancia para la labor de los colectivos en la presentación de la segunda convocatoria de estas subvenciones, un acto a lo que también asistieron el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, y la directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Mª Cruz Ferreira, además de representantes de la empresa Ence.

Rueda señaló que estas ayudas constituyen una de las partes más destacadas del Pacto Ambiental y resaltó su importancia a la hora de fortalecer el tejido asociativo de la Pontevedra y su contorno, lo que, a su vez, beneficia al vecindario en su conjunto. En total, serán 180 millones de euros durante los próximos 60 años para repartir entre colectivos de la ría de Pontevedra.

De la relevancia y del interese generado en la primera edición de las ayudas el vicepresidente destacó el dato de que 342 colectivos presentaron solicitudes y 226 obtuvieron una subvención.

En la convocatoria de este año se introdujeron novedades, con el fin de mejorarla siguiendo la experiencia obtenida el año pasado. Entre estas modificaciones, destaca especialmente el aumento de 100.000 euros en el presupuesto destinado a deporte base, que pasa de 800.000 a 900.000 euros.

También se incrementan las partidas destinadas a las asociaciones de vecinos, que pasa de 150.000 a 200.000; y de educación y cultura, que sube de 250.000 a 300.000.

Ya para finalizar, el vicepresidente puso en valor iniciativas como esta, que permiten generar sinergias que benefician al conjunto y lamentó que otras instituciones no muestren la misma voluntad de colaboración.

En este sentido, recordó que el Pacto Ambiental incluye también 5 millones de euros para restaurar el Pazo de Lourizán, que no se ejecutaron por la oposición de la Diputación de Pontevedra a pesar de que se mantendría la titularidad pública del inmueble.